El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha recibido a los responsables de Montiño, la empresa que gestiona el matadero de Renza desde 1989, para conocer sus planes con respecto a las instalaciones, donde el servicio funciona en precario desde que en septiembre de 2013 expirase la concesión. Tanto el Ayuntamiento como la concesionaria están "interesados" en continuar con la actividad de matadero, por lo que el regidor tiene previsto consultar con los servicios jurídicos municipales las fórmulas existentes para ello, teniendo en cuenta que no existe posibilidad legal de renovar el contrato (fue prorrogado en una primera ocasión el 17 de septiembre de 2003 y de nuevo aquel año por espacio de otra década, hasta septiembre de 2013, cuando caducó la concesión) y que la parcela no puede venderse al emplazarse en terreno comunal.
El objetivo de Varela es encontrar "la mejor alternativa" que satisfaga los intereses de las tres partes, es decir: comuneros, Montiño y Concello. Una vez que los técnicos municipales hayan estudiado las opciones, el gobierno socialista convocará a la comunidad de montes de Sobrán a una reunión a tres bandas en la que se decida cómo continuar con el servicio de matadero.
La posibilidad de vender las instalaciones queda descartada, pues la administración vilagarciana se enfrentaría a un posible pleito con los comuneros, que defienden que el monte "es inalienable y por tanto no se puede vender". El anterior gobierno local, liderado por Tomás Fole (PP), había anunciado una subasta de la edificación por 282.000 euros, una puja que nunca llegó a celebrarse porque el entonces alcalde suspendió la venta hasta que no se aclarase la titularidad de los terrenos.
Llegaron las elecciones de mayo de 2015 y la situación seguía sin resolverse. La comunidad de montes de Sobrán solicitó una reunión con el nuevo ejecutivo presidido por Alberto Varela, un encuentro que se produjo en octubre y en el que acordaron convocar una nueva cita entre las tres partes, con la presencia de Concello, vecinos y concesionaria. Pero antes de esta reunión el gobierno municipal quiso entrevistarse con los dirigentes de la empresa cárnica Montiño para conocer su posición. Este es el encuentro celebrado el viernes de la semana pasada.
El gobierno de Alberto Varela quiere sacarle un rendimiento económico a las instalaciones del matadero, ya que aunque los terrenos son comunales, defiende que la inversión es municipal.
La Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa tendría que haberse disuelto en base a los acuerdos plenarios adoptados en cada uno de los concellos que la integran (Vilagarcía, Catoira, Meaño, Vilanova, Meis, O Grove y Ribadumia) una vez que expiró la concesión a la empresa del matadero.
Según documentación municipal, Montiño (Ramiro Martínez S.L.) pagó hasta 2003 a la Mancomunidade un canon anual de 1.600.000 pesetas --unos 9.600 euros-. A partir del 17 de septiembre de 2003, y durante diez años, esta cantidad se fue actualizando conforme al IPC.
Como contraprestación a la ampliación del plazo de concesión, la empresa invirtió 44.993.536 de las antiguas pesetas (19,9 millones procedentes de subvención) en mejoras tecnológicas y sanitarias del matadero.
Cesión en 1985
Según los comuneros, el 10 de agosto de 1985 se reunió un grupo de vecinos de Piñeiro, Renza, Galáns y Pedramogueira que acordaron nombrar una comisión de siete personas que representase a los vecinos ante el Ayuntamiento de Vilagarcía para realizar una cesión de unos terrenos de mano común en el monte Pedreira (Renza) para la construcción del matadero. De esas siete personas, seis firmaron el convenio -el otro se negó- con el teniente de alcalde y le cedieron 6.000 metros cuadrados para el matadero. Pero no existía ninguno de los órganos propios de una comunidad de montes, ni junta rectora ni asamblea general, ni siquiera una junta provisional. Es decir, que la comunidad no estaba formalmente constituida, por lo que los comuneros de Sobrán consideran que ese convenio carece de validez legal.
