El Ayuntamiento de Cambados se convertirá posiblemente en el pleno de este jueves en uno de los primeros de España en solicitar formalmente la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de una de las leyes del Gobierno central que más ha disgustado a los ayuntamientos, con independencia de su color político. Y la prueba de ello es el ingente número de consultas sobre la misma que han recibido las federaciones estatales y autonómicas de municipios.

Sobre esto, Xurxo Charlín plantea que "esta ley es un sinsentido y empezó mal porque no se llegó a acuerdo alguno con las entidades locales". El concejal plantea que la norma "podría estar bien para ayuntamientos que están pasando por una situación económica difícil, o que se han acogido al plan de pago a proveedores, como por ejemplo el de Vilanova, pero no es buena para los que están saneados".

La ley, por ejemplo, impide destinar el superávit para inversiones, ya que solo se autoriza dedicarlo a pagar deuda.