El Concello recepciona la Urbanización San Vicente do Mar obligado por las sentencias

La administración local paga las costas del proceso judicial y afronta el trámite de recepción del complejo residencial -Se cierra un litigio iniciado hace años

27.01.2016 | 02:49
El Concello debe hacerse cargo de los viales y todo lo que incorpora la Urbanización San Vicente do Mar, en la foto. // Muñiz

Después de muchos años de reivindicación por parte de los propietarios de inmuebles, y tras un largo pleito judicial que desencadenó un par de sentencias en contra del Concello de O Grove, esta Administración local se ha hecho cargo por fin de la Urbanización San Vicente do Mar.

Eso si, no sin antes aprobar el desembolso de 1.292,51 euros a favor de la comunidad de propietarios de dicha urbanización para sufragar los gastos originados por las costas judiciales del proceso en primera y segunda instancia.

"Ninguneados"

Desde la comunidad de propietarios de San Vicente do Mar denunciaron en varias ocasiones que la Administración local los ignoraba y ninguneaba, pues al Concello "solo le interesa cobrar el IBI, las licencias hosteleras, los vados y las basuras (...)".

Lo que querían decir es que como los propietarios no votan en la localidad, ya que el grueso de los inmuebles son segunda residencia, pertenecientes por tanto a ciudadanos de fuera de O Grove, entendían que la Administración se desentendía de ellos.

Lo que sucedía era que el Concello se negaba a recepcionar esta urbanización, alegando que solo lo haría después de que fuera adecentada y, sobre todo, si antes la comunidad de propietarios afrontaba una profunda remodelación de la red viaria interior.

Pero la Justicia no le ha dejado otra salida que asumir este espacio turístico y residencial tal y como se encuentra.

Ante esto, lo que hizo la Junta Local de Gobierno fue tomar el acuerdo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestima el recurso presentado por el propio Concello contra la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo. Y en consecuencia procede a "asumir de forma definitiva la Urbanización San Vicente do Mar".

Del mismo modo se acuerda realizar la inscripción de sus bienes muebles e inmuebles en el Inventario de Bienes Municipales, requiriendo a la comunidad de propietarios y a su administrador "para que presenten un listado de los mismos y así proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad".

La decisión de recepcionar este lugar lleva pareja la obligatoriedad de que todos los propietarios de la Urbanización San Vicente do Mar se den de alta como sujetos pasivos para la tasa de suministro y evacuación de aguas.

Lógicamente, toda la documentación privada y pública relativa a este complejo residencial debe ser adaptada ahora a su nueva situación o condición.

La contundencia del TSXG

Hay que recordar que el pasado verano el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó al recepción de la urbanización alegando que "el Ayuntamiento no niega las conexiones de las redes de saneamiento y de suministro de agua de la urbanización a las generales municipales; ni que se encargar del alumbrado público de la urbanización; ni que sus servicios recogen los residuos sólidos urbanos de la urbanización; ni que percibe el IBI y otros tributos de los titulares de los inmuebles y concede en su ámbito licencias de obra y de actividad".

Por tanto, el Concello de O Grove "no puede adoptar ante los requerimientos de la comunidad de propietarios (de la urbanización) una actitud totalmente pasiva, pues a ella tiene que ser equiparado el dictar el 1 de febrero de 2008 una resolución que acuerda que por los técnicos municipales se levante un acta de recepción provisional y no hacer seguidamente nada".

El TSXG ya dejaba claro entonces que "si las obras de urbanización no se encuentran en condiciones adecuadas o no se adaptan a las previstas en el plan parcial modificado en 1971, lo que tenía que hacer (el Concello) era exigir las modificaciones o correcciones que considerase necesarias, no incurrir en una total falta de actuación que supone el incumplimiento de inexcusables obligaciones y que perjudica de forma evidente a los administrados".

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