Los bateeiros gallegos que se posicionan en contra de la Lei de Acuicultura propuesta por la Consellería do Mar no ocultan su temor a ser controlados por la Administración mediante la colocación de localizadores u otros dispositivos de seguimiento de sus barcos auxiliares. Y consiguientemente también temen las sanciones que les pueden imponer en caso de incumplir la legislación.
Como se explicó ya en varias ocasiones -sobre todo cuando FARO desmenuzó la ley haciendo hincapié en el régimen sancionador y las infracciones tipificadas-, los productores pueden ser inhabilitados y multados si, por ejemplo, se dedican a comercializar mejillón con toxina o a trasladarlo de polígonos cerrados por episodios tóxicos a otros que no lo estén.
Parece que este temor es especialmente intenso en las rías del sur, y así quedó nuevamente de manifiesto en la tarde del viernes, cuando se celebró en Bueu una reunión con asistencia de un centenar de bateeiros de diferentes rías en la que, precisamente, se alertó del mayor control al que estarán sometidos si se aprueba la nueva ley.
En ella se establece como infracción muy grave carecer de los sistemas de seguimiento y localización de las embarcaciones. Y el castigo en estos casos pueden ser multas de entre 30.001 y 600.000 euros, además de una inhabilitación de hasta cinco años para el desarrollo de actividades acuícolas.
En dicho encuentro, en el que volvió a hablarse de posibles medidas de presión, entre ellas una gran manifestación en Santiago ante la sede del Parlamento, los productores mostraron su rechazo a los localizadores propuestos porque "somos trabajadores, no delincuentes", esgrimieron.
Llevó la voz cantante el presidente de la asociación Cons de Udra, Amador Mallo, que es también responsable de la recientemente constituida Asociación Mejillonera de Galicia (Amegal).
