La estrategia de cofradías, bateeiros y Plataforma en Defensa da Ría (PDRA) para tratar de frenar la Ley de Acuicultura de Galicia alcanza su punto cumbre Como se avanzaba ayer se preparó una moción para que sea elevada al pleno de los diferentes ayuntamientos, y a estas alturas puede decirse que ya ha sido trasladada a prácticamente todos. En los textos expuestos se manejan variados argumentos o exposiciones, pero el objetivo perseguido es el mismo en todos los casos, la retirada del anteproyecto.
Frente a esto, la Consellería do Mar hace un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los grupos políticos, pidiéndoles "que no se tergiverse la información trasladada al sector sobre esta ley". La Administración sostiene que "se está afirmando de manera falsa" que este articulado persigue objetivos "que no tienen nada que ver con la realidad", por lo que considera que se está intentando manipular tanto al sector como al conjunto de la sociedad gallega.
Y mientras todo esto ocurre siguen celebrándose reuniones y programándose asambleas. Anoche, sin ir más lejos, el gobierno de Vilanova -el alcalde Gonzalo Durán también se posicionó en contra de la nueva ley- se reunía con los bateeiros para analizar el articulado, el cual está siendo expuesto en los diferentes puertos por parte de los representantes del sector crítico.
En otros casos, como puede ser O Grove, también quieren promover charlas informativas, pero su patrón mayor ya advirtió de que desean escuchar a las dos partes, es decir, a los detractores de la ley -intervienen el sábado- y a los representantes de la Consellería do Mar, para que también puedan exponer sus argumentos, que no han sido escuchados en otras localidades.
Volviendo al principio, la moción de cofradías, bateeiros y PDRA fue consensuada en la noche del martes en Carril, y esa misma tarde ya se hacía pública una iniciativa también tendente a paralizar la Lei de Pesca presentada por el gobierno cuatripartito de Cambados, que fue el más madrugador.
Ayer hacían lo propio formaciones como Esquerda Unida-O Grove, al igual que en los próximos días seguirán difundiéndose mociones que, como queda dicho, tratan de paralizar el anteproyecto.
En tierra firme
La moción tipo diseñada por los sectores productivos y la PDRA apunta que el Consello da Xunta inició la tramitación del anteproyecto el 1 de octubre "sin diálogo previo" con ellos y concedió un plazo de 45 días para que se presentaran alegaciones.
Aseguran los detractores de la medida que el plan de ordenación acuícola a desarrollar en tierra firme "establece que los propietarios de tierras que se nieguen a vender serán expropiados en favor de las empresas de acuicultura intensiva", al tiempo que "se establece el privilegio de eliminar la necesidad de informe previo de incidencia ambiental y la posibilidad de instalar plantas acuícolas en espacios naturales protegidos".
Del mismo nodo "se impide que los Concellos puedan decidir sobre la implantación de dichas industrias por ser consideradas de incidencia supramunicipal"
Ante todo esto, "en caso de aprobarse la ley se consolidará un trámite legislativo fraudulento que tendrá como principales perjudicados a los ciudadanos que viven del mar", máxime cuando "las autorizaciones de marisqueo que pasen a ser acuicultura dispondrán de una concesión temporal y quedarán obligadas a producir con unos rendimientos mínimos".
Asimismo, aseguran los críticos, "tendrán que pagar un canon por la superficie ocupada y deberán pasar sus embarcaciones a la cuarta lista, perdiendo los Permisos de explotación (Permex) de otras actividades". Y esto, consideran, "será una vía más para la extinción de la pesca tradicional y el marisqueo".
Pero eso no es todo, pues al pintar el negro panorama que se cierne sobre el sector, según los criterios de algunas cofradías y una parte de los bateeiros, "si las concesiones no cumplen unos rendimientos mínimos saldrán a concurso público y serán entregadas a los más fuertes, lo cual obliga a competir a la gente del mar contra multinacionales con criterios como la mayor solvencia económica, financiera y técnica".
Esto que, según los que defienden la ley, que también los hay, es lo mismo que "amenazar una y otra vez con que viene el lobo, tratando de engañar al sector", supondrá, a juicio de los portavoces del actual modelo de pesca y marisqueo "privatizar el mar para beneficiar a las grandes industrias e implantar la piscicultura intensiva autorizando la introducción de todo tipo de especies que podrán ser invasoras con nuestro medio natural".
¿ Y en qué se basan para decir que Mar apuesta por la llegada de las multinacionales? Pues en que la ley contempla la llamada acuicultura multitrófica integrada, "una técnica que consiste en el monocultivo de peces carnívoros como el salmón que utiliza especies extractoras como los moluscos y que persigue reducir los niveles de contaminación generados por las jaulas de peces con el objetivo de mejorar su imagen pública y favorecer su implantación y la ocupación de las rías".
Lo que quieren decir es que con la introducción de jaulas de peces a nivel industrial "la contaminación de las rías está asegurada a causa de los excrementos y restos de peces, piensos, fármacos y productos químicos empleados, pero también por la propagación de enfermedades y parásitos".
Es más, aunque no esté demostrado, también dicen que podría intensificarse la presencia de biotoxinas marinas y, en definitiva, sostienen que con la ley propuesta si se contaminan las aguas se verán afectados los productos existentes en la actualidad, "lo que puede provocar vedas técnicas o la prohibición de actividades de pesca y marisqueo por razones sanitarias".
Perturbar la convivencia
Todo esto, consideran en la PDRA, "va a perturbar la convivencia tradicional y armónica de los sectores del mar: mariscadoras, marineros, parquistas, mejilloneros y demás".
Y a grandes rasgos en tales argumentos coinciden el grueso de las mociones presentadas ayer. La que defiende Juan Lamelas (EU-O Grove), habla de "ataque a los sectores tradicionales" y sugiere que "la supuesta voluntariedad de transformar el marisqueo en acuicultura implica que no hacerlo impide acceder a ayudas públicas, lo que supone una desigualdad que obliga a nuestras agrupaciones de mariscadores a reconvertirse o desaparecer".
Frente a todo esto, como se explicaba anteriormente, está la postura de la Consellería do Mar, que defiende la futura Lei de Acuicultura desde el convencimiento de que es lo mejor para las rías gallegas y lamenta el proceder de algunos representantes políticos "que afirman falsamente que la ley persigue objetivos que no tienen nada que ver con la realidad".
La Administración reclama así seriedad y serenidad para evitar interpretaciones incorrectas del articulado y niega que su intención sea privatizar el litoral.
En el departamento que dirige Rosa Quintana dicen desconocer las intenciones de aquellos que tratan de convencer a los mariscadores de que están obligados a transformar su actividad en acuicultura, pues como repitió hasta la saciedad la propia conselleira, así como el secretario general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Juan Carlos Maneiro, "es un paso absolutamente voluntario, y además en el articulado se describe con claridad cuáles son los preceptos para poder hacerlo".
Es decir, que "se preserva en todo momento el carácter colectivo de la gestión de la actividad acuícola a cargo de asociaciones de mariscadores, cofradías y demás, quedando automáticamente anulada la posibilidad de que sea una empresa la que opte a la explotación".
Insisten en Mar en que están a disposición del sector para aclarar las dudas que se plantean y recuerda que ya se celebraron encuentros en las últimas semanas con los bateeiros, representantes del sector marisquero y Federación Galega de Cofradías para explicar las características del texto.
