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Bea mantiene la fe en la Justicia y confía en que anule su inhabilitación como edil

Fue condenado por prevaricación tras emitir un informe en el que explicaba que un miembro de Protección Civil multado por aparcar mal estaba "de servicio" cuando lo hizo

14.01.2016 | 03:38
El concejal Alfredo Bea y el exjefe de la Policía Local, Jaime Parada, que fue quien lo denunció. // Muñiz

El concejal galeguista Alfredo Bea García prefiere mostrarse cauto, "para no interferir en el procedimiento", tras conocer la sentencia que lo condena por prevaricación y lo inhabilita para desempeñar cargos políticos a nivel municipal, aunque podría presentarse a unas elecciones autonómicas o generales.

Pero su equipo jurídico ya preparó el recurso de apelación contra el fallo dictado por el magistrado Juan José Trashorras García, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra. Y el edil meco espera que prospere y que, por tanto, se anule la sentencia dictada.

¿Qué determina exactamente ese fallo y por qué se produce? Hay que empezar diciendo que Alfredo Bea fue considerado autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación, por lo que fue condenado a la pena de siete años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de concejal, y por tanto no puede ser alcalde.

Queda absuelto, no obstante, del delito de tráfico de influencias, al que sin embargo sí se encuentra responsable a Henrique Escalante de Lima, por lo que es condenado a la pena de un año, tres meses y un día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 300 euros, quedando sujeto, en caso de impago, a una responsabilidad personal subsidiaria de un mes de privación de libertad.

Para entender lo sucedido hay que atenerse a lo que el juez considera "hechos probados", y por tanto hay que remontarse al día 19 de enero de 2012, cuando Alfredo Bea era concejal delegado Seguridad Ciudadana y directo responsable de Protección Civil "con competencia para resolver expedientes en materia de tráfico".

El otro acusado y condenado, Henrique Escalante de Lima, ejercía como miembro de a agrupación de Protección Civil.

Sucede, y el juez lo hace constar en su sentencia, que "ambos acusados habían concurrido en la misma lista electoral, la del Partido Galeguista Demócrata, en las elecciones municipales de 2011", como de nuevo sucedió en las de 2015, con Bea como cabeza de lista.

Aquel 19 de enero, hace por tanto cuatro años, Bea solicitó de Henrique Escalante la entrega de una documentación relacionada con playas para preparar una reunión, y éste acudió a la sede de Protección Civil en Borreiros estacionando su vehículo particular en una plaza de aparcamiento reservada a parada de taxis sita en la calle Luis A. Mestre.

Por este motivo, el agente de la Policía Local de O Grove Diego Santos Dopazo multó a Escalante con 200 euros.

Relata el juez que "al comprobar que había sido denunciado y aprovechando sus relaciones personales" con el concejal, el conductor sancionado comunicó al concejal lo ocurrido "con la finalidad de evitar tener que pagar los 200 euros" y elaboró un documento "fechado el día 10 de febrero de 2012 y firmado por el propio Alfredo Bea en el que, utilizando el membrete del Concello de O Grove y de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, e identificándose con su nombre y apellidos y su cargo, expone, sin apoyatura jurídica alguna, que 'la denuncia por infracción de tráfico expedida fue motivada por una orden mía debido a la asistencia a una reunión de Protección Civil en su sede, por lo que solicito que dicha denuncia por infracción de tráfico sea retirada".

El día 17 de febrero, Henrique Escalante presentaba como recurso el informe elaborado por Alfredo Bea y una fotocopia de la denuncia.

Ya en abril, el agente que puso la multa acudió al despacho del concejal para preguntarle si el escrito presentado por el denunciado era suyo, a lo que Bea respondió que fue él quien dio la orden a Escalante de que aparcara su vehículo en el lugar donde fue sancionado, instando al agente a que aceptara el pliego de alegaciones.

De este modo, el policía local, "interpretando que era una orden de su superior y para evitar represalias, contestó al pliego de alegaciones considerando que debían ser estimadas a la vista del escrito presentado, rectificando la denuncia".

Fue el 29 de mayo de 2012 cuando Alfredo Bea García, dice el juez que "en su condición de concejal de Tráfico, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, a sabiendas de su injusticia y con la finalidad de evitar que Henrique Escalante tuviera que abonar la sanción de 200 euros, dictó una resolución en la que, a la vista de que el agente denunciante rectificaba la denuncia, se acordaba el sobreseimiento y archivo de las actuaciones practicadas en el procedimiento sancionador seguido contra Henrique Escalante".

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