Una minuta recibida esta semana en el Concello de Cambados relativa a los servicios jurídicos de un abogado que defendió los intereses municipales en varios litigios desde 2008, ha despertado la voz de alarma en el gobierno encabezado por Fátima Abal.
El importe de la factura asciende a 8.270,84 euros correspondientes a unos honorarios de un contencioso administrativo de 2008. En concreto se trata de una minuta emitida por Carlos Palmou Cibeira en virtud de un recurso presentado en el que se reclamaba a las arcas municipales más de un millón de euros, tarifas que el cuatripartito procederá a revisar para conocer el estado de la deuda.
La portavocía del actual gobierno apuntó al respecto que este mismo letrado suma la cantidad de 122.870,93 euros de otros procedimientos. Esta partida es considerada por el gobierno como "cantidad desorbitada". En el comunicado emitido por Xurxo Charlín se subraya el hecho de que "su contratación no fue realizada mediante ningún tipo de proceso público o pliego administrativo, sino de forma verbal y arbitraria".
Los servicios jurídicos, realizados bajo las alcaldías de Luis Aragunde y José Manuel Cores Tourís, fueron los relativos a los litigios con la familia Prego debido a la propiedad de varios terrenos en la zona de Fefiñáns y Corbillón. Insisten en este sentido desde el actual gobierno que todas las facturas presentadas por este letrado fueron puestas en entredicho por la interventora municipal. Según mantiene la portavocía municipal, "ya que esta contratación fue hecha sin cumplir la legislación vigente por el anterior alcalde". Del mismo modo se enfatiza el hecho de que "no se realizó ningún tipo de pliego o proceso de contratación pública y se excedió también el importe y el plazo para ser considerado un contrato menor".
El hecho de que el letrado sea hijo del anterior conselleiro de Xustiza, Xesús Carlos Palmou Lorenzo, también fue puesto en el disparadero por parte del actual gobierno cambadés. En esta misma línea consideran que "hay varios letrados capacitados para llevar estos litigios".
Entre las denuncias del cuatripartito es la relativa al hecho de tener que abonar ahora, en 2016, una minuta por un contencioso administrativo de 2008. A esta cuestión añaden que varios técnicos municipales indican que existía un acuerdo verbal entre el abogado y el anterior alcalde para aplazar el pago de facturas tan elevadas en diferentes cantidades. Añaden además desde el concello que no existe ningún documento del acuerdo entre ambas partes.
La comprobación de que el montante total de las minutas fue cobrado y facturado a lo largo de diversos ejercicios anuales, lleva a afirmar que "en caso de haber cobrado todos esos importes en un año, y al contar con el reparo de la interventora municipal, podría causar algún tipo de alarma social al hacerse públicas las altas cantidades facturadas por litigios comprendidos en solo dos años, concretamente en 2007 y 2008".
