Los autónomos del mar niegan que transformar el marisqueo sea voluntario

Iglesias denuncia que "pasar de autorización a concesión administrativa supone un coste añadido desproporcionado para los productores"

09.01.2016 | 02:35
Francisco Iglesias (en el centro) en una charla sobre la futura ley de acuicultura. // Iñaki Abella

La Asociación Profesional de Autónomos del Mar (Aproamar) es una de las entidades que rechazan la futura Lei de Acuicultura, y su secretario general, Francisco Iglesias, es uno de los oradores en las charlas que se llevan a cabo en diferentes puertos para escenificar la oposición del sector. Y esto se debe, explica, a que "no existe un carácter voluntario" para transformar marisqueo en acuicultura, que es algo a lo que se aferra la Consellería.

Y dar este paso "no es voluntario desde el momento en que las entidades deben solicitar permiso de actividad en zonas aptas para la acuicultura sin perjuicio de que la Xunta de Galicia decrete zonas de interés preferente".

Según Iglesias, "esos ámbitos marítimos y marítimo-territoriales estarán sometidos al concurso público promovido desde la Consellería, en el cual cualquier empresa o grupo empresarial puede concurrir en pie de igualdad con las cofradías de pescadores, con lo cual la voluntad de estas en pasar de una autorización administrativa a una concesión se reconoce como un simple mérito o cualidad dentro de los muchos que deberán aparecer en los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas que se impondrán cuando se liciten los ámbitos de extracción".

Así las cosas, a juicio de Aproamar, "es posible que las cofradías no puedan competir con las empresas en aspectos como la solvencia económica, financiera y técnica, entre otros muchos que deberán ser puntuados por un órgano decisor".

Esgrimen en esta entidad, y así lo transmitirá en la reunión que celebra hoy mismo en Rianxo, que "la Consellería se olvida de mencionar que el pasar de autorización a concesión administrativa supone un coste añadido desproporcionado para los productores, pues tendrían que pagar a partir de ese momento un canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público, además de los tributos correspondientes a la Axencia Tributaria Galega".

Esto significa que con el nuevo sistema "será inviable económicamente la explotación para el número actual de mariscadores y armadores, y además las cofradías, al estar tuteladas por la Consellería y exentas de ánimo de lucro, no podrían soportar el mantenimiento y sostenimiento económico de la actividad".

Si esto sucede, reflexiona el representante de Aproamar, "en breve se hallarán en situación jurídica para aplicar el rescate o la caducidad de la concesión, con lo cual se licitaría inmediatamente el terreno y permitiría que empresas privadas accedieran a esa zona con el previsible compromiso de aceptar, como trabajadores por cuenta propia, a una pequeña parte de los socios existentes o a aquellos que pudieran haber aguantado el proceso de transformación".

La conclusión a la que llega el propio Francisco Iglesias es que "hay mil y un detalles que permiten pensar que la Consellería pretende eliminar la competencia de los actuales productores para que a medio o largo plazo sean sustituidos por empresas privadas que accederán a cuantiosas subvenciones de la UE y ejecutarán métodos de explotación del ámbito marítimo que distan mucho de ser racionales o medioambientalmente sostenibles".

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