Cuando la Lei de Acuicultura de Galicia plantea acciones para regular el sector también se refiere a la lucha contra el furtivismo. Y al hacerlo no solo implica a los sectores productivos o extractivos, sino que alude igualmente a todos aquellos que directa o indirectamente colaboren en esta práctica, como los transportistas o los hosteleros. Al hablar de las infracciones tipificadas en la normativa y los niveles de responsabilidad en las mismas, se aclara que cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente todas ellas responderán de forma solidaria ante las sanciones.
Así las cosas, deberán responder "los titulares de las empresas de hostelería que ofrezcan al consumidor o posean en su establecimiento productos vedados o de talla o peso inferior al establecido". Y lo mismo puede decirse de los titulares de las escuelas náutico-deportivas, centros de inmersión y academias náutico-deportivas respecto a las infracciones que afecten a sus actividades.
En las infracciones cometidas durante la comercialización, serán responsables los titulares de las empresas comercializadoras o transformadoras, mercados mayoristas e importadores, mientras que en el supuesto de vertidos al mar la responsabilidad recaerá en los titulares de los buques y, si procede, las empresas e industrias responsables.
Los dirigentes de las cofradías de pescadores y de las asociaciones de bateeiros, los concesionarios de las lonjas y vendedurías, los transportistas que trasladen productos ilegales y los armadores o capitanes de barcos también tendrán su parte de responsabilidad, según consta en el anteproyecto presentado en las últimas semanas por la Consellería do Mar.
