El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (dependiente de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento) al pago de 146.945,5 euros a una inmobiliaria de Vigo por el retraso en abonarle el justiprecio de sus dos fincas expropiadas con motivo de la construcción del Vial de acceso al Puerto de Vilagarcía, inaugurado en 2010.
Según reza la resolución judicial, las propiedades fueron valoradas por el Jurado Provincial de Expropiación de Pontevedra en 493.738,48 euros y 214.490,14 respectivamente, lo que suma más de 708.000 euros. Pese a que el expediente expropiatorio tiene fecha de noviembre de 2005, la empresa no cobró la totalidad del justiprecio hasta finales de 2011. Se considera que la demora comienza a "computar" en mayo de 2006, transcurridos seis meses desde la incoación del expediente, por lo que el retraso se sitúa en cinco años.
La firma -en 2011 entró en concurso de acreedores- recibió 57.876 euros en noviembre de 2006 en concepto de depósitos previos a la ocupación material, y 137.455,51 euros en diciembre de 2008 por "valoración ofertada por la Administración expropiante". La cuantía restante, y la más elevada, 512.897,11 euros, no le fue ingresada hasta noviembre de 2011, según los datos reflejados en la sentencia del TSXG contra la que cabe interponer recurso de casación en el Tribunal Supremo en el plazo de tres meses desde la notificación del fallo (firmado el 16 de diciembre de 2015).
El alto tribunal gallego acepta la indemnización reflejada en el recurso contencioso-administrativo presentado por la inmobiliaria viguesa contra Carreteras del Estado por "inactividad ante sus reclamaciones administrativas".
Deuda líquida
El magistrado argumenta que "los intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio constituyen, en el momento de abonarse este, una deuda de cantidad líquida que, de no pagarse, ha de generar, conforme a lo dispuesto [...]una obligación de indemnizar daños y perjuicios si se hubiere incurrido en mora, cuya indemnización ha de consistir, al tratarse de una obligación dineraria, líquida y vencida que conlleva la responsabilidad de reparar el daño causado con su incumplimiento al haberse incurrido en morosidad [...] La obligación de pagar intereses de demora al satisfacer el justiprecio es una obligación impuesta por ministerio de la ley que no requiere reclamación alguna al respecto".
Así las cosas, el juez esgrime que "la obligación de satisfacer intereses de demora al pagar el justiprecio es un crédito accesorio de este y una obligación legal [...] que produce la obligación de indemnizar daños y perjuicios, tanto por los intereses legales como, lógicamente, por los intereses de intereses que se hubieren devengado hasta el pago de los mismos después del abono del justiprecio".
A la vista está que el conflicto entre el Gobierno central y los expropiados del Vial del Puerto sigue coleando, si bien las últimas sentencias se refieren a los intereses de demora, pues los justiprecios fueron pagados por el Ministerio de Fomento entre finales de 2011, 2012 y 2013.
Esta carretera mide un total de 7.121 metros de longitud y su origen se sitúa en la intersección de las calles Pablo Picasso y Valle Inclán. El trazado discurre en sus primeros 350 metros por Pablo Picasso, hasta llegar al cruce con la PO-549, donde se ubica la rotonda de Procoarsa, un escenario que acogió multitud de movilizaciones de los afectados.
El Vial de acceso al Puerto también es conocido como la circunvalación sur de Vilagarcía o la conexión con la vía rápida a Cambados. La carretera "muere" en la rotonda de Godos (Caldas).
