Quienes se oponen a esta ley esgrimen numerosos argumentos, como por ejemplo que las explotaciones acuícolas no necesitarán un informe de evaluación ambiental, que podrán implantarse en zonas naturales protegidas o que los ayuntamientos no tendrán competencia para parar ningún proyecto, aunque no le guste, puesto que tendrán el carácter de supramunicipal.
Así las cosas, quieren iniciar una campaña que trascienda al sector del mar, de ahí que estén barajando la presentación de mociones en todos los ayuntamientos, para recabar apoyos políticos. "Habrá más iniciativas porque solo tenemos unos meses para parar este anteproyecto", avanza Xaquín Rubido.
El presidente de la PDRA añade que "esto le afecta al conjunto de la ciudadanía, puesto que las formas tradicionales de explotación económica del mar forman parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Además, la elección de un modelo económico o de otro tendrá repercusión sobre la calidad de los alimentos que se consumen".
En cualquier caso, aún tienen que lograr también escenificar la unidad a nivel gallego, puesto que la ley afecta al conjunto de la comunidad, y por el momento los pasos que han trascendido se circunscriben a la ría de Arousa, que aunque es con mucha diferencia la principal de Galicia en materia pesquera, no es la única.
A este respecto, existen entidades que podrían pronunciarse como son las federaciones de cofradías, tanto provincial como gallega, e incluso estatal.
