La Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que se adjudicó la gestión de la plataforma logística inversa del polígono industrial de Sete Pías ha demandado al Ayuntamiento de Cambados por un montante de ocho millones de euros. Las firmas sostienen que el estudio económico que se hizo en su día, con las previsiones de llegada de basura, eran irreales, y que esto les ha originado cuantiosas pérdidas, al ser inferior el volumen de residuos tratados al abrir la planta del que figuraba en dicho estudio económico. Así las cosas, presentan un informe pericial, según el cual dejarán de ingresar durante el periodo de adjudicación unos ocho millones de euros, siendo esa la cantidad que reclaman a a la administración.
El Ayuntamiento de Cambados y el Instituto para a promoción e o equipamento do solo industrial da provincia de Pontevedra (Ipespo), que dependía de la Diputación, se adhirieron a principios de la década pasada a un proyecto europeo, el Eco-Logistic, y construyeron con fondos comunitarios una nave dedicada a la recepción de residuos, que serían allí tratados y posteriormente enviados a los gestores autorizados para el tratamiento de cada uno de los materiales.
El Ayuntamiento le hizo una encomienda de gestión al Ipespo, que redactó a su vez un estudio económico, según el cual la empresa gestora amortizaría su inversión y obtendría su rentabilidad mediante el tratamiento de los residuos y su posterior comercialización a los gestores autorizados.
Así las cosas, se adjudicó la explotación de la nave a una UTE. Pero ésta se encontró con que los volúmenes de residuos no eran los previstos en el estudio económico. Ya fuese porque en dicho estudio las previsiones estaban infladas o porque la crisis económica provocó una ralentización de la actividad empresarial y, en consecuencia, una menor producción de basura, no se cumplieron las cifras que esperaban las empresas gestoras de la plataforma, que han decidido reclamar un lucro cesante por valor de ocho millones de euros.
Se da la circunstancia de que la demanda estalló después de que el Ayuntamiento le reclamase a la firma a principios de este año -aún era alcalde Luis Aragunde- el abono de unos 300.000 euros en concepto de canon por la explotación de la nave, que está cerrada desde agosto por orden judicial.
El actual equipo de gobierno está ahora preparando su estrategia para defenderse en los juzgados, al considerar que la reclamación económica de la UTE es excesiva. El concejal de Economía, Xurxo Charlín sostiene que hay además diversas irregularidades en el proceso. Así, declara que hubo trato de favor hacia la empresa que redactó el proyecto de construcción y que hizo la nave, y de la que en 2007 era apoderado el posteriormente alto cargo de la Diputación y más tarde conselleiro de Infraestructuras de la Xunta, Agustín Hernández.
Así, Charlín señala que en el pliego de condiciones se establecía que los criterios que más puntos obtendrían iban a ser las mejoras técnicas y la reducción en el plazo de ejecución, previsto en ocho meses. La constructora lo rebajó a cinco meses y medio, y eso le permitió ganar el concurso, a pesar de que su proposición económica era más cara. "Sin embargo, al final tardaron 10 meses y medio, sobrepasando el plazo máximo contemplado en el contrato. Y el Ipespo no solicitó indemnización alguna, a pesar de que en el contrato se contemplaba esa posibilidad".
