La Consellería de Medio Rural obligará a las comunidades de montes a presentar una declaración anual de ingresos y gastos con el objetivo de comprobar que "cumplen con el deber de reinvertir una parte de los ingresos en mejora y protección forestal de sus montes". Esta declaración, incluida en el artículo 125 de la Ley 7/2012 de montes de Galicia "está siendo actualmente objeto de desarrollo reglamentario", apuntan fuentes de la Consellería que ahora dirige Ángeles Vázquez.

Aparte de dar cuenta de los ingresos y gastos para que la administración pública se cerciore de la reinversión del dinero recibido en la mejora del monte, esta medida también podría servir para evitar en cierta medida posibles irregularidades económicas en estos colectivos vecinales.

No obstante, desde Medio Rural aclaran que las comunidades de montes "no están sujetas a una fiscalización de su contabilidad por parte de la administración forestal". ¿Por qué? La Consellería argumenta que son "entidades de derecho privado con plena capacidad jurídica para gestionar montes vecinales en mano común de los que sean titulares".

Por tanto en la actualidad la administración pública no ejerce ningún tipo de control exhaustivo sobre las cuentas de las comunidades de montes. La única medida planteada en este sentido es la anteriormente mencionada sobre la obligatoriedad de declarar un estado anual de ingresos y gastos, y con el principal objetivo de comprobar que parte del dinero se reinvierte en el monte.

En Vilagarcía han salido a la luz recientemente dos casos de presuntos desfalcos en las cuentas. Se trata de los denunciados por las actuales juntas rectoras de Cea y Sobrán. En el caso de la comunidad de Cea, la directiva, con la ratificación de la asamblea, decidió presentar una querella contra el extesorero -dimitió a principios de año por este escándalo- por un supuesto agujero de 381.000 euros, que es el importe al que ascienden los gastos sin justificar desde 2006, según la auditoría encargada por la comunidad de montes.

En Sobrán, la actual junta rectora ha llevado a los tribunales al equipo predecesor por un presunto desfalco superior a los 200.000 euros. La demanda ha sido admitida a trámite y ya ha declarado al menos una de las personas investigadas. Fuentes de Medio Rural consideran que "este tipo de asuntos debe resolverse por la vía judicial, por lo que el camino iniciado por los comuneros es el correcto".

Sendos casos demuestran las importantes cantidades de dinero que manejan las comunidades de montes. Y es que en Sobrán, pese a la supuesta falta de más de 200.000 euros, las cuentas no han caído en números rojos, pues gozan de un saldo positivo.

Uno de los principales ingresos de algunas comunidades de montes radica en el negocio de la madera. En los montes de mano común que están conveniados con la Xunta, es la administración la que se encarga de las ventas. Según explican desde la Consellería de Medio Rural, una vez que se adjudica un lote de madera, el maderista debe pagar el importe de adjudicación al Gobierno gallego, y el IVA a la comunidad de montes, que a su vez debe expedirle una factura o recibo, dependiendo del régimen de IVA del colectivo.

Tras recibir el ingreso, la Xunta debe transferir parte del importe de la venta de madera a la comunidad, cumpliendo así las bases del convenio. "Por lo general, el porcentaje mínimo que recibe la comunidad es del 70% del precio de adjudicación, y el 30% restante lo retiene la administración en concepto de reintegro de las inversiones realizadas en el monte".