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"Nené" Barral negocia un pacto con el fiscal para evitar el juicio por delito tributario

El Ministerio Público le acusa de dejar de pagar a la Hacienda Pública casi 700.000 euros entre 2006 y 2007 -Si no hay acuerdo, la vista se celebraría en Pontevedra el 20 de enero

José Ramón Barral. // Iñaki Abella

El exalcalde de Ribadumia, José Ramón "Nené" Barral y las demás personas procesadas por dos presuntos delitos fiscales están negociando un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria para evitar la celebración del juicio, previsto para finales de enero en Pontevedra. Fuentes solventes consultadas por FARO señalan que el acuerdo ya está muy avanzado, aunque todavía quedan flecos por cerrar.

Así, esto permitiría una reducción sustancial de la condena solicitada por el Ministerio Público contra los acusados, a cambio de que estos reconociesen los hechos. Si finalmente no se llega a acuerdo, el juicio se celebrará el 20 de enero en el Juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Barral por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública que le imputa a quien fue alcalde de Ribadumia entre 1983 y 2001. En su escrito sostiene que Barral fue autor de dos delitos por dejar de pagar a Hacienda 271.000 euros en 2006 y otros 405.000 en 2007, lo que elevaría a 677.000 euros la cantidad supuestamente defraudada.

José Ramón Barral está considerado uno de los grandes del contrabando gallego de finales del siglo pasado, aunque nunca fue condenado por tráfico ilegal de tabaco. Ganó por aplastantes mayorías absolutas varias elecciones municipales, y dimitió de la alcaldía de Ribadumia en 2001, después de ser detenido por el apresamiento de un barco cargado de cigarrillos. Posteriormente volvió a la primera línea política, y se puso durante ocho al frente de un partido político independiente, que en la actualidad gobierna Ribadumia.

Otras acusadas

El fiscal considera "cooperadoras necesarias" de los dos delitos fiscales a las tres hijas de "Nené" Barral, Avelina, Carmen y María Silvia B.D., y solicita para ellas la misma pena que para su padre.

En concreto, el Ministerio Público señala en su escrito que procede imponer a cada uno de los acusados cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por cada uno de los dos supuestos delitos.

A eso suma la petición de 500.000 euros de multa con un ano de privación de libertad en caso de que no los pagase, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cinco años.

Además, el fiscal pide que José Ramón Barral, Avelina B.D, Carmen B.D. y María Silvia B.D. indemnicen solidariamente al Estado con 677.000 euros; una cantidad que se incrementaría con los intereses previstos, al tratarse de un dinero presuntamente dejado de abonar a Hacienda en 2006 y 2007. Alternativamente. el Ministerio Público defiende que las hijas del exalcalde deberán indemnizar solidariamente al Estado en 458.000 euros, a incrementar también con los intereses previstos desde la fecha en la que se cometieron los supuestos delitos.

El fiscal encargado del caso plantea en su escrito de acusación que José Ramón Barral, "con la ocultar a la Hacienda Pública los importantes ingresos obtenidos en los ejercicios fiscales" de 2006 y 2007, y que "planeó y ejecutó" los hechos de los que está acusado "en colaboración con sus hijas".

El Ministerio Público aduce que el exalcalde de Ribadumia constituyó en 2006 en las Islas Vírgenes Británicas una sociedad con sus hijas como socias, que constituyó en China una filial destinada a la producción y tratamiento de mariscos. Según sostiene el fiscal, de la primera sociedad transfirió a la segunda "cantidades opacas" para el fisco español.

"Como se indicó, las hijas del acusado, especialmente Avelina, participaron en todas las actividades anteriormente descritas con actos de colaboración, formando parte de las sociedades creadas en el extranjero y, aparentemente, por lo menos, realizando aportaciones monetarias, necesarias para la ocultación de los patrimonios señalados a la Hacienda Pública española", describe. En este sentido, el fiscal añade en su relato que "sin su consciente y activa participación (de las hijas) la operativa descrita resultaría de difícil ejecución, atendiendo especialmente a la necesaria implicación de familiares o personas de mucha confianza para este tipo de actos".

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