El presidente de la comunidad de montes de Sobrán, Manuel Barcala, defiende a capa y espada que el matadero no se puede vender porque "el monte es inalienable", y en el caso de que se cambie el uso de las instalaciones, "deben contar con nosotros".
Según los comuneros, el 10 de agosto de 1985 se reunió un grupo de vecinos de Piñeiro, Renza, Galáns y Pedramogueira. Entre ellos acordaron nombrar una comisión de siete personas que representase a los vecinos ante el Ayuntamiento de Vilagarcía para realizar una cesión de unos terrenos de mano común en el monte Pedreira (Renza) para la construcción del matadero. De esas siete personas, seis firmaron un convenio -el otro se negó- con el teniente de alcalde y le cedieron 6.000 metros cuadrados para el matadero. Pero no existía ninguno de los órganos propios de una comunidad de montes, ni junta rectora ni asamblea general, ni siquiera una junta provisional. Es decir, que la comunidad no estaba formalmente constituida, por lo que los comuneros de Sobrán consideran que ese convenio carece de validez legal, ya que aquellos órganos "son los únicos que pueden gestionar el monte".
