El Estado lleva años pagando el IBI de la parcela junto a los juzgados de Vilagarcía sin que esta le reporte algún tipo de rendimiento. Es decir, que solo le da gastos. Además, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda descarta darle un uso, ha decidido volver a probar suerte en el sector privado, coincidiendo con una coyuntura de "recuperación económica", según los anuncios del propio Gobierno central. Por tanto la idea del departamento que dirige Cristóbal Montoro es que algún inversor se anime a adquirir la céntrica finca, la cual dispone de una buena edificabilidad.
Las administraciones públicas, por su parte, no están dispuestas a gastar un cantidad millonaria en la compra del terreno. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ya apeló a la necesidad de construir en ese emplazamiento la cuarta sala judicial, si bien las arcas de Ravella no gozan de tan buena salud como para desembolsar 2,7 millones de euros. Por su parte, la Xunta, responsable de los equipamientos judiciales, no tiene consignado en su presupuesto de 2016 ninguna cuantía para el cuarto juzgado.
