El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, volvió a cargar ayer contra la Diputación de Pontevedra, y en especial, contra el portavoz del PSOE en el Concello y diputado provincial, Javier Dios. El motivo no fue otro que los fondos que va a recibir este municipio a través del Plan Concellos 2016, que Durán califica de "ínfimos" si se comparan con las aportaciones que Vilanova recibió en el actual ejercicio. "Solo la obra de la casa da cultura de O Esteiro duplica la cantidad de 650.000 euros que nos va a destinar la Diputación de Vigo, y los de esa actuación eran de fondos propios de la institución, los que recibiremos a través del Plan Concellos de 2016 vienen casi todos de Madrid", explica.
Insiste el regidor que el cambio en la Diputación ha supuesto que "todos los recursos se vayan para Vigo, mientras los pequeños concellos de la provincia, la financiación ha caído hasta un cuarto de la etapa anterior, por eso considero que cuando Carmela Silva trata de cuestionar a Rafael Louzán, lo único que consigue es hacerle un monumento".
Del que no se olvida Durán es del portavoz del PSOE, Javier Dios, al que su grupo va a reprobar el día 30 en una sesión plenaria. "Es evidente que no podemos cesarlo, pero yo quiero que se marche porque me da vergüenza y me molesta su presencia, ya que ha puesto por encima de Vilanova sus propios intereses, tanto en la Escola de Gaitas como en el conflicto de la casa da cultura de O Esteiro", indica.
Insiste Durán en que Javier Dios "debería dejar su puesto, ya que ha conseguido la reprobación más rápida de la historia de Vilanova de Arousa; nadie hizo nada así en tan poco tiempo".
Antes de ese pleno, Durán asegura que Javier Dios tendrá una oportunidad para redimirse, ya que la próxima semana el PP llevará al pleno de la Diputación una moción sobre la paralización de las obras en la casa da cultura de O Esteiro, "será en ese momento cuando debe demostrar de qué lado está, del de sus vecinos o del de la Diputación de Vigo". Asegura que su equipo jurídico ha solicitado todo el expediente para iniciar acciones legales contra los que adoptaron la decisión.
