Después de tres versiones distintas por parte del gobierno de Vilagarcía sobre el cobro por asistencias a plenos y comisiones de sus concejales (incluidos los liberados), el PSOE local ha salido en defensa del ejecutivo con un comunicado publicado en su perfil oficial de Facebook cuyo "único interés es clarificar los datos y su posicionamiento". Así, el partido relata los pasos seguidos desde que el 25 de septiembre se aprobaron las dedicaciones exclusivas de los ediles (cinco para los socialistas y una parcial para el PP). Antes de esa fecha, "ningún concejal, y por supuesto el alcalde, cobraron absolutamente nada, ni en concepto de salario ni de indemnización", garantizan.
Hasta ahí todo coincide con la última versión ofrecida por el gobierno, que apunta al 5 de octubre como día de ingreso de las indemnizaciones por plenos y comisiones para toda la corporación. Cobraron tanto el gobierno como la oposición, pero PP, EU, BNG y Somos Maioría en ningún momento se quejaron de no estar cobrando y nunca dijeron que renunciarían a ello. Para el gobierno, que sus ediles liberados iban a recibir dinero con efecto retroactivo por los plenos y comisiones desde la toma de posesión es ahora "una obviedad" a la que sin embargo jamás antes había hecho alusión.
El nuevo dato que arroja el comunicado del PSOE vilagarciano es que los 17.000 euros añadidos al dinero ya consignado en el Presupuesto de 2015 para indemnizaciones son "para seguir afrontando el gasto hasta finales de año" este concepto. Así la formación del puño y la rosa justifica que los concejales hayan cobrado el 5 de octubre cuando la polémica partida se aprobó más tarde, el 29 de ese mes.
El Partido Socialista cierra filas en torno a sus concejales en el Concello al afirmar que "está completamente de acuerdo con las indemnizaciones por la asistencia a órganos colegiados. Estas indemnizaciones reconocidas por ley e institucionalizadas en todos los concellos de España tienen su razón de ser para compensar la dedicación a esta actividad, que incluso puede llegar a suponer la reducción de la jornada laboral y el salario para una persona que sea concejala en su pueblo".
La agrupación aplaude "la línea política marcada por el gobierno de Vilagarcía", que "sigue trabajando en aumentar los canales de diálogo y participación". No obstante, en esta polémica la transparencia fue nula, con constantes rectificaciones por escabullirse de facilitar información en el pleno. Ni siquiera la oposición disponía de las partidas desglosadas del reajuste de anualidades de la plaza de abastos. Esquerda Unida las pidió y ahí se descubrieron que 26.000 euros eran para "órganos de gobierno-indemnizaciones", sin mayor aclaración. Solo Lino Mouriño dijo que eran "para dietas", y ahí encendió la mecha.
