Rianxo se suma al creciente proceso de judicialización de las cofradías arousanas

El juzgado admite a trámite una querella por presunta apropiación indebida contra el expatrón mayor -Este pósito sigue los pasos de Cabo de Cruz, Cambados y O Grove

01.11.2015 | 06:05
Marisqueo a flote en Os Lombos do Ulla. // Noé Parga

Las cofradías de pescadores arousanas ya no solo deben estar pendientes de su actividad pesquera y marisquera, sino que cada vez deben prestar más atención a lo que sucede en los juzgados, donde se dirimen diferentes asuntos que básicamente están relacionados con presuntos delitos económicos.

A la supuesta estafa cometida en el pósito de O Grove, donde aún está por juzgar y resolver lo sucedido con más de 500.000 euros supuestamente responsabilidad del excontable, se sumó hace nueve meses la operación desarrollada en Cabo de Cruz (Boiro) por motivos similares, como también el proceso abierto en el pósito de Cambados, en este caso con el barco "Tragove" como eje central.

Y ahora la judicialización del sector se extiende a Rianxo, donde los actuales responsables de la cofradía han presentado una querella por un presunto delito de apropiación indebida o malversación de caudales públicos contra el expatrón mayor, Baltasar Rodríguez Alcalde, y el exvicepatrón, Juan Bautista Vicente Romero.

Básicamente se denuncia que el segundo de ellos, con autorización del primero, se ocupaba del control en los bancos de libre marisqueo de la ría y que, a cambio de ejercer esa vigilancia y pesaje de las capturas diarias recibía, como establece la normativa, una compensación, que podría ser en metálico o en especie, haciéndole entrega de la parte de marisco correspondiente al cupo diario establecido para los demás mariscadores. Y resultaría, según la demanda, que habría percibido ingresos mayores de lo previsto.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Padrón ya admitió a trámite esta demanda, librando exhorto al juzgado de paz de Rianxo para que cite a los querellados a las 10 horas del día 26 y se les tome declaración.

Dicen los actuales responsables de la cofradía rianxeira -fueron elegidos en verano de 2014- que detectaron "la existencia de graves irregularidades económicas en la facturación del buque 'Peruco', cuya titularidad ostenta el anterior vicepatrón mayor, perteneciente al colectivo de trabajadores a flote, como armador y proveedor nº 583 durante el periodo que va desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 27 de marzo de 2014 por importe total de 15.698,37 euros".

Supuestamente, durante ese periodo, "por decisión del que fue patrón mayor, Baltasar Rodríguez Alcalde, era conocido que Juan Bautista Vicente Romero se dedicaba físicamente a labores de apoyo en el control de pesaje y cumplimentación de tickets" a las embarcaciones que faenaban en los bancos marisqueros de Os Lombos do Ulla, "sin que existiera norma o acuerdo expreso alguno que habilitara su compensación económica o en especie para la Campaña 2013-2014".

En la querella se hace constar que el nuevo cabildo, con Miguel Ángel Iglesias Romero como patrón mayor, "inició un procedimiento de instrucción interno" para esclarecer los hechos y determinar "las causas de tan anómalos ingresos, máxime cuando en la facturación se hacía constar con claridad la venta de marisco por encima de los topes de captura establecidos por la Consellería do Mar".

Tras pedir informes y explicaciones, la cofradía constató que los ahora demandados "lejos de esforzarse en dar una explicación plausible a las anomalías detectadas defendieron la legalidad de las ventas realizadas, oponiéndose a la justificación de tales ingresos", y eso a pesar de que la investigación interna realizada apunta a "la comisión del delito de apropiación indebida de caudales públicos".

Tanto es así que, siempre según los querellantes, "en las facturas aportadas por Vicente Romero se puede apreciar que las capturas identificadas y los valores económicos obtenidos triplican, duplican o superan sensiblemente la media obtenida de ventas efectuadas por todos los mariscadores de esta cofradía".

Incluso se aclara que "una vez descontada la derrama o comisión de la cofradía y contabilizado el IVA aplicable, presentan una facturación desmesurada, en proporción a los cupos superiores a los establecidos para cada mariscador y día, aún mediando la participación de otro tripulante en la embarcación".

Dicho esto, la demanda entregada al juzgado advierte de que Vicente Romero "tenía adjudicada, por expreso deseo de expatrón mayor, la labor de apoyo en el control, pesaje y cumplimentación de tickets en el punto de control dispuesto en Os Lombos do Ulla para su posterior venta en la lonja, lo que le permitía infringir los mandatos contenidos en el plan de explotación, apropiarse de parte del marisco sobrante extraído por los demás productores y comercializarlo a su nombre, para así lucrarse injustificadamente y, a la vez, obviar los deberes inherentes a su condición corporativa, como son orden, control y vigilancia del marisco extraído en bancos marisqueros".

Pero eso no es todo, pues se asegura que "sus privilegiadas posiciones en los órganos rectores de la cofradía permitieron que tales datos fueran intencionadamente silenciados y desconocidos por los demás socios de la cofradía o terceros, máxime cuando consta que se negaba reiteradamente el acceso a la citada información a socios pertenecientes a otros sectores del pósito".

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