El edificio administrativo del Concello de O Grove supone una pesada losa para las arcas municipales. La pregunta es hasta cuándo van a poder soportar la imposición de multas por la construcción "ilegal" del inmueble, y cuándo se resolverán, en un sentido u otro, los recursos presentados para evitar la demolición del mismo.

Hasta que se despejen todas las incógnitas la Administración local sigue recibiendo notificaciones de sanciones administrativas, por valor de 3.000 euros, relacionadas con la construcción de este edificio de la calle Cándido Acuña, en un espacio protegido por el Servizo de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura.

Como se explicó en numerosas ocasiones, dicho inmueble, en el que se ubican en la actualidad prácticamente todos los servicios municipales, que en su día fueron trasladados desde la casa consistorial de O Corgo, está considerado ilegal por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), de ahí que ordenara su demolición.

En caso de llevarse a efecto su derribo, tanto estos trabajos -unos 122.000 euros- como la devolución de las subvenciones recibidas para construirlo y el coste del mismo -alrededor de 900.000- pueden suponer a las arcas municipales, ahora castigadas por la multas coercitivas, la pérdida de cerca de dos millones de euros.

Es el alcalde socialista de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, el que ahora tiene que lidiar con esta difícil papeleta, como en su día -durante su anterior mandato- se ocupó de hacer realidad el edificio.

Hay que recordar que en marzo la dirección xeral de Administración Local comunicaba al Concello que, en base a las irregularidades urbanísticas, procedía a cancelar la ayuda económica correspondiente a la anualidad de 2014, por valor de unos 74.000 euros. Y anunciaba que iba a revisar todas las ayudas concedidas con anterioridad para el mismo fin, por lo que podría obligar al Concello a devolver los 700.000 euros obtenidos en total.