El caso del presunto hurto de maquinaria de la fábrica de Conservas Peña, en Vilaxoán, se ha empantanado en los juzgados de Vilagarcía. Casi dos años y medio después de que se localizasen los equipos supuestamente sustraídos en una nave de Caleiro (Vilanova) y en Figueira da Foz (Portugal), y de que se imputase por estos hechos a un empresario de Ribadumia, la instrucción sigue en marcha, y según la defensa del acusado ni siquiera se ha dado traslado de algunas de las pruebas solicitadas, como el documento que acredite que la empresa murciana Tomás Guillén compró esa maquinaria al administrador concursal de Alfageme y cuánto pagó por ella.

La presunta desaparición de la maquinaria se produjo en la Semana Santa de 2013, y unas semanas después la empresa murciana y la Guardia Civil localizaron parte de la misma en una nave de Caleiro, por lo que se procedió a la detención del empresario de Ribadumia, B.A.C., de unos 52 años, que tenía alquilada dicha nave, acusado del hurto. Pero transcurridos dos años y medio de esos hechos el caso sigue atascado en los juzgados.

El acusado defiende su inocencia, y alega que compró parte de esas máquinas al hombre que entonces estaba en Conservas Peña y que hacía las veces de encargado o vigilante de las instalaciones, que ya llevaban varios meses cerradas tras la traumática quiebra del grupo Alfageme. En el caso de otras que aparecieron en la nave de Caleiro, B.A.C. declaró en su día que las había comprado una empresa de Portugal, y que ésta se las había dejado a él para que las reparase.

Pero según B.A.C., cuando se retiró del almacén de Caleiro la maquinaria que presuntamente había comprado Tomás Guillén al administrador concursal de Alfageme también se llevaron equipos y piezas que eran suyas y que no tenían relación alguna con Conservas Peña. El abogado Luis Rei, que defiende al acusado, afirma que "hace meses que hemos solicitado en el juzgado que se le devuelvan esas máquinas a mi cliente, porque hace dos años y medio que no sabe nada de ellas, pero por el momento sin éxito".

El letrado asegura que también pidieron tener acceso a la documentación oficial que acredite que Tomás Guillén compró esos equipos, y la cantidad que pagó por los mismos, "porque nosotros ni siquiera hemos visto el acta notarial de compraventa que la parte demandante dice que tiene".

Este complejo caso vinculado a uno de los iconos industriales de O Salnés del siglo XX ya ha pasado por las manos de dos jueces y dos secretarios judiciales distintos.