Infraestructuras judiciales

Los alcaldes se comprometen a apoyar a los fiscales para que se queden en O Salnés

- Alberto Varela y Fátima Abal abogan por mantener los servicios que existen en la actualidad en la comarca -El Ministerio Público revela en su memoria que baraja suprimir la sección territorial de Cambados

05.10.2015 | 03:15
Juan Carlos Aladro, en el centro, junto a otros fiscales en una comparecencia pública. // Rafa Vázquez

Los alcaldes de las dos sedes judiciales de O Salnés, Alberto Varela (Vilagarcía) y Fátima Abal (Cambados), no quieren ni plantearse la posibilidad de que la Fiscalía prescinda de la sección territorial que tiene actualmente en la Vila do Albariño, y que presta servicio a toda la comarca. Ambos regidores coinciden en que el hecho de que los fiscales tengan una sede física en Cambados es una ventaja para los ciudadanos, y en que no verían bien la pérdida o el empeoramiento de ese servicio público con una hipotética eliminación de dicha sección territorial.

La Fiscalía de Pontevedra revela en su última memoria anual que en 2014 barajaron seriamente la supresión de la sede de Cambados por dos motivos esenciales: en primer lugar, por el hecho de que los profesionales deben desplazarse constantemente a los juzgados de lo Penal o a la Audiencia de Pontevedra por asuntos procedentes de O Salnés que no pueden juzgarse ni en Cambados ni en Vilagarcía, y en segundo lugar, por la estrechez de medios que padecen en la sede judicial cambadesa, donde de hecho tienen sus despachos en dos plantas diferentes del edificio.

Pero ni Alberto Varela ni Fátima Abal verían bien la desaparición de dicha sección territorial. Eso sí, ambos recuerdan que la distribución de las infraestructuras judiciales no es competencia de los ayuntamientos, de ahí que ellos tengan que limitarse a un papel de arbitraje o de gestión o presión política ante otras administraciones.

Alberto Varela dice por ejemplo que "nuestra obligación es luchar para que los vilagarcianos cuenten con los mejores servicios", y recuerda al respecto que "en Vilagarcía tenemos una reivindicación histórica, como es el cuarto juzgado, que es una necesidad reconocida por todos los profesionales". Su homóloga cambadesa se expresa en términos similares. "No queremos que se pierdan servicios para los ciudadanos de Cambados".

Fátima Abal añade que "apoyamos al sector" y plantea la posibilidad de reunirse con los fiscales "para conocer de primera mano en que les podemos ayudar desde la administración municipal".

Reforma del edificio

La Fiscalía de Pontevedra, que dirige Juan Carlos Aladro, alude en su último informe -correspondiente al ejercicio 2014- a una serie de problemas que padecen en Cambados, y que ya han mencionado en más de una ocasión. Así, recuerdan que en la sección territorial hay seis fiscales para siete juzgados (cuatro en Cambados y tres de Vilagarcía, algunos de los cuales tienen de las tasas de trabajo más elevadas de Galicia), pero que solo disponen de cuatro despachos, "de los cuales uno tiene una dimensión mínima.

No obstante, añaden que el problema no es solo de espacio, sino también de medios humanos. "Tenemos una dotación funcionarial tan reducida que no nos permite tener una guardia de permanencia". Afirman que en 2014 mantuvieron activas sus quejas y reivindicaciones, pero que "nuestro fracaso ha sido relevante".

Así las cosas, prosiguen en su memoria, "hemos llegado a valorar la desaparición de la sección, ya que la misma carece de órganos de enjuiciamiento, de forma que sus integrantes (los fiscales) se ven obligados a desplazarse constantemente a la casa madre de Pontevedra para acudir a los juzgados penales y a la Audiencia".

Eso sí, y teniendo en cuenta que se puedan mantener las secciones territoriales, los fiscales avanzan que "seguiremos con nuestros esfuerzos para potenciar algo tan elemental como es su habitabilidad dentro de los órdenes de la corrección y la mínima dignidad". Y en esa campaña podrían encontrar como aliados a los alcaldes de las dos poblaciones con sede judicial en O Salnés.

Alberto Varela sugiere sobre este asunto que "lo que podemos hacer nosotros es gestionar mejoras antes otras administraciones, como hacemos en materia de Sanidad o Educación", mientras que Fátima Abal apunta que si bien en estos momentos sería poco menos que inviable plantear la construcción de un nuevo edificio judicial más espacioso, "sí que se podría valorar una reforma o ampliación", para reubicar los servicios.

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