Tras tropezar con la negativa de Costas a reconocer su particular singularidad urbanística, el Concello de A Illa ha optado por acudir al contencioso administrativo. Así lo ha decidido el grupo de gobierno, junto con sus asesores jurídicos, al no encontrar otro tipo de salida administrativa a las limitaciones de crecimiento que le impone la Ley de Costas, unas limitaciones que no se han visto modificadas un ápice en los cambios que se han aplicado en los últimos años.
El propio alcalde del municipio, Carlos Iglesias, reconoce que "no nos ha quedado otro camino que acudir a los juzgados, ya que las modificaciones introducidas en la Ley de Costas del Estado, no nos solucionan absolutamente nada, más bien todo lo contrario, complicando todavía más nuestro crecimiento urbanístico".
En las modificaciones a la Ley de Costas introducidas por el actual Gobierno del Estado, no se contempla ninguna especificación alusiva a A Illa de Arousa, pese a que el pequeño municipio cuenta con una orografía muy determinada que necesita ser tratada con singularidad.
El Concello isleño alegó contra el documento, presentando documentación que demuestra que gran parte de las zonas que tienen coartado su crecimiento contaban con servicios antes de 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas. Además, el Concello se consideraba agraviado en comparación con una docena de excepciones incluidas en las modificaciones a la Ley, en especial la de Ampuriabrava, localidad catalana en la que la línea de protección de Costas se fija en la lámina de agua, por lo que los embarcaderos de las viviendas privadas son propiedad privada.
Toda la documentación que remitió A Illa fue rechazada el pasado mes de junio. Tras analizar la situación con los asesores jurídicos, el Concello ha decidido dar este paso para tratar de salvar su crecimiento urbanístico futuro. No es la primera vez que el Concello de A Illa lleva a Costas a un contencioso, una medida que le ha favorecido. Lo hizo con el deslinde marítimo terrestre efectuado en 2004 en la zona de Cabodeiro. En ese punto, Costas del Estado defendía que se debían aplicar los 100 metros de protección del litoral, mientras el Concello defendía que se trataba de zona consolidada urbanísticamente, como demostraba el hecho de que las viviendas sancionadas por el ente eran las que se encontraban en la segunda línea. Primero la Audiencia Nacional y después el Supremo acabaron dando la razón a A Illa, salvando de la afectación de Costas y legalizando las viviendas construidas en la zona de Cabodeiro, además de convertir en urbanas todas las fincas adyacentes.
