El asesor jurídico de la cofradía de Vilanova, Alberto Muñoz replica a la CIG que el pósito despidió a uno de sus vigilantes "porque se le acabó el contrato que tenía, que era de tres años por obra o servicio de duración determinada". El sindicato nacionalista acusó a la patrona mayor, María José Martínez de despedir de forma improcedente al vigilante porque éste reclamó sus derechos laborales, y de tomar la decisión de espaldas a la junta general, por lo que el sindicato anuncia que recurrirá el cese.

Pero el letrado apunta que la no renovación del contrato es legal. "Llevaba tres años trabajando con esas condiciones, y ese es el tiempo máximo que se puede echar con ese tipo de contratos", manifestó. Según Muñoz, el trabajador empezó a hacer funciones de vigilancia para la cofradía en 2009, y tras tres años en activo no se le renovó y fue al paro.

Unos meses después volvieron a ficharle, una vez más con un contrato de duración determinada por obra o servicio. La vigencia de ese acuerdo finalizó a principios de febrero, y el pósito no le renovó, pues de lo contrario pasaría a ser trabajador indefinido.

"La CIG le pide a la cofradía lo que ellos no hacen con sus trabajadores, que es convertir los temporales en indefinidos", apostilló Muñoz en referencia a las acusaciones del sindicato, que tildó "de gratuitas". "Además -añade el letrado- no sabemos que relación tiene este caso con el hecho de que la patrona mayor esté en el PSOE", en alusión a las declaraciones efectuadas el miércoles por la sindicalista Rosa Abuín. Asimismo, dice que si bien las contrataciones sí tienen que ser ratificadas por la junta de gobierno "eso no es necesario en el caso de los ceses, y así lo dejan claro los estatutos de las cofradías".

Abuín acusó a María José Martínez de antidemocrática, y Muñoz responde que "la patrona mayor incluso lleva a asambleas decisiones que podría tomar ella sola".