Los trabajadores en huelga de Lantero han comenzado a recibir por correo urgente nóminas negativas con -100 y -200 euros, lo que ha encrespado aún más los ánimos contra la dirección de la compañía. Los representantes sindicales denuncian que se trata de una interpretación torticera de la ley por la que se aplica la deducción prorrateada de la paga extraordinaria, con la intención de ejercer aún más presión entre los huelguistas.

El tema de las nóminas negativas fue abordado en la asamblea celebrada al mediodía ante las puertas de la fábrica, en la que los representantes sindicales dieron cuenta de los detalles de la última reunión negociadora con la dirección de Lantero y ante el mediador del AGA, de Relacións Laborais, que acabó sin acuerdo entre las partes.

Los delegados sindicales entienden que la empresa muestra poco interés por llegar a un acuerdo con sus trabajadores porque aún tiene stock suficiente para surtir a sus clientes, por lo que "juega a presionar" a los huelguistas con el fin de conseguir "su rendición sin condiciones" ante la proximidad de las fiestas de Navidad.

Frente a esto, los huelguistas reiteran su rechazo unánime a los despidos que se plantean en el ERE presentado por Lantero y confirman que continuarán con la huelga indefinida que ya supera los 50 días.

Juicio por huelga ilegal

Por otra parte, el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra ha suspendido la vista oral prevista para hoy a las 10 de la mañana por la denuncia interpuesta por la dirección de Lantero por huelga ilegal.

El motivo es que de los once demandados (los delegados sindicales miembros del comité de huelga) diez recogieron la comunicación del juicio, pero uno de ellos no se dio por notificado.

Fuentes de la empresa indicaron que se le intentó entregar la citación judicial en la reunión de la mesa negociadora del pasado lunes, pero el demandado en cuestión se negó a recogerla ante el mediador del AGA, los representantes de la empresa y el resto de los miembros del comité de huelga.

El Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra aplazó el juicio al día 14 de enero y los demandantes han solicitado al juez que se curse la citación por edicto y por la fuerza pública para que todos los implicados sean debidamente notificados.