La junta general y el cabildo de la cofradía de Cambados que dirige Ruperto Costa tendrá que resolver un grave problema económico heredado de la época en la que Benito González estuvo al frente de la entidad. Y es que el pósito carece de liquidez para pagar los más de 100.000 euros que le reclama la Xunta de Galicia por la presunta sobrevaloración del buque "Tragove".

Un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de junio pasado, pero notificada hace unas pocas semanas, desestima la petición de la cofradía de aplazar el pago a la Xunta hasta que se resuelva el contencioso-administrativo en el que la cofradía defiende que el "Tragove" costó en realidad los 293.000 euros declarados.

Esto obliga al pósito a pagar cuanto antes la cantidad reclamada, pues de lo contrario se arriesga a que la Axencia Tributaria Galega ejecute el embargo de bienes e ingresos del pósito para garantizarse el cobro pendiente.

La dirección de la cofradía celebró recientemente una reunión en la que se abordó este peliagudo asunto, y se acordó pedir una reunión con la Consellería do Medio Rural e do Mar para negociar una salida al problema. Y es que según un informe económico elaborado por una consultora el pósito carece de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los 100.000 euros, y deja caer que la única posibilidad de reunir el dinero sería rebajar el salario de la plantilla o eliminar servicios.

El grupo de Ruperto Costa ha decidido esperar a la contestación de la Consellería que dirige Rosa Quintana, pues pretende salvar los salarios de los trabajadores, aún siendo conscientes de que podría ser la última alternativa viable para pagar la deuda. La plantilla de la agrupación de pescadores y mariscadores de Cambados está compuesta por unas 20 personas, y ya sufrieron entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de reducción de jornada y salario.

Un informe demoledor

En mayo de 2013 la Xunta de Galicia ordenó a la cofradía de Cambados la devolución de 84.000 euros al entender que el pósito había cobrado una subvención mayor de la que le correspondía por el buque "Tragove", ya que según los técnicos de la Xunta el precio de la embarcación había sido inflado.

El cabildo del expatrón mayor -y todavía presidente en funciones de la Federación Galega de Confrarías-, Benito González encargó entonces a una consultora un informe económico-financiero sobre lo que supondría para el pósito hacer frente a ese pago. Dicho informe se terminó en febrero de este año y sus conclusiones son demoledoras. Según el mismo, la cofradía de Cambados cambadés está en la UCI desde el punto de vista económico.

Los consultores señalan que la cofradía "carece de capacidad financiera para hacer frente al pago de esta deuda". Por ello, los autores del informe plantean que "hacer frente a la devolución de esta ayuda implica necesariamente dejar de pagar nóminas, seguros sociales, servicios, suministros o tasas ordinarias que automáticamente paralizarían parte de la actividad de la cofradía, con el consiguiente riesgo sobre el normal funcionamiento de la entidad".

Suben los intereses

El grupo de Benito González pidió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la suspensión cautelar de la orden de reintegro de la Consellería do Mar, pero el alto tribunal gallego rechazó hasta en dos ocasiones la reclamación de la cofradía. Así las cosas, la cofradía tendrá ahora que hacer frente ahora a una deuda que asciende a unos 105.000 euros, que equivalen a los 84.000 euros que pedía la administración inicialmente y unos 20.000 en concepto de intereses.

Pero la cofradía no dispone de ese dinero. La consultora indica que el "fondo de maniobra" del pósito en febrero de este año "es próximo a cero" y alertaba de que si no aumentaban los ingresos y disminuían los gastos la entidad se vería abocada en poco tiempo "a una situación de insolvencia financiera caracterizada por la falta de liquidez para hacer frente a sus gastos y a sus deudas".

Según la consultora, la cofradía carece en sus cuentas bancarias de dinero suficiente para pagar a la Xunta de Galicia y tampoco tiene la opción de pedir un crédito bancario de 100.000 euros "porque su capacidad de endeudamiento está agotada al tener ya excesiva dependencia de créditos y préstamos bancarios".

La cofradía construyó el "Tragove" en 2009 aprovechando una subvención de fondos europeos que gestionaba la Xunta de Galicia. Dedicó el barco a tareas diversas -como apoyo a la batea de preengorde- y lo valoró en 293.000 euros, por lo que tenía derecho a una subvención de 176.000, que equivale al 60 por ciento del total.

Varios socios críticos con Benito González denunciaron entonces que el precio estaba inflado y que el barco incluso tenía un motor usado. Fuese por estas denuncias o no, una agencia europea contra el fraude ordenó a la Xunta de Galicia que investigase el asunto. La administración así lo hizo (al igual que la Fiscalía de Pontevedra, que presentó una querella contra González) y los peritos de la Xunta detectaron un par de irregularidades con respecto al proyecto presentado y determinaron que el "Tragove" no podía costar más allá de 161.000 euros, y que por lo tanto la cofradía solo tenía derecho a una ayuda de 92.000. La cofradía, por su parte, aportó varios peritajes según los cuales el barco sí costaba los 293.000 euros.