El edificio judicial de Vilagarcía está hipersaturado. Casi no cabe un papel más. Tanto que la solución a la falta de espacio fue retirar la caldera de calefacción e instalar aire acondicionado así como habilitar los calabozos y el garaje como almacén. Los pasillos están expeditos porque no se le puede poner llave.

Aún así, los sumarios se hallan por el suelo y los funcionarios apenas tienen sitio para moverse por las instalaciones. El ciudadano no lo percibe porque la entrada, con su noble y espaciosa escalinata, parece más que holgada y el aspecto a primera vista es de confortabilidad.

Sin embargo, doce años de trabajo en las tres sedes han provocado tal acumulación de objetos que ahora parece imposible hacer una limpieza, salvo a través de un zafarrancho que implique a todos los funcionarios, incluidos jueces, fiscales y secretarios.

Entretanto, aparece la reforma de Gallardón que pretende que en un futuro próximo desaparezcan los partidos judiciales, entre ellos el de Vilagarcía, para convertirlos en "sedes desplazadas" de un futuro tribunal provincial, con sede en la capital pontevedresa.

Cierto que la definición parece correcta en el estricto sentido de que la cantidad de objetos acumulados desplaza hasta a los funcionarios, a quienes cuesta moverse en sus reducidas oficinas.

El edificio está totalmente lleno. Cualquier sitio es bueno para almacenar todo lo que llegue, incluso procedimientos caducados y de los que se podría prescindir, pues muchos son simples faltas que ha prescrito in hilo tempore.

Soluciones todavía hay muchas, sobre todo cuando todo el mundo ya es consciente de que el cuarto juzgado se ha esfumado y que ya es inútil reivindicar dicha necesidad en el agonizante partido judicial vilagarciano.

Los funcionarios apuestan por la destrucción de todo lo inservible, de lo inútil, con lo que se recuperarían los espacios necesarios. Pero en otros ambientes se recuerda que todavía es posible encontrar un almacén para guardar todos estos objetos y papeles de oficio. Por si acaso.

Hace dos años, aproximadamente, el alcalde de Vilagarcía convenció a la Agencia Tributaria para la cesión del local que en su día fue la oficina de Vilagarcía y cuyo destino sería la sede del cuarto juzgado vilagarciano.

Ese espacio público, en el centro de la ciudad, en plenas Galerías Gallego, sigue desocupado desde hace más de una década, por lo que no reportaría ningún gasto añadido a la Administración de Justicia.

Todas esas soluciones ni se plantean y el papel se sigue amontonando en el inoperativo edificio judicial de la avenida de A Mariña.

Obviamente, el problema no puede ser resuelto por los jueces o los secretarios, pero sí por los órganos de gobierno, que al menos una vez al año obligan a realizar alardes e inspecciones de los más altos órganos.

También estuvo el vicepresidente Alfonso Rueda en varias ocasiones y siempre se limitó a dar largas con respecto al problema.

Ahora llega la reforma de Gallardón y tampoco aborda este problema que es común a muchos juzgados de toda España, pero que puede agravarse si los llamados tribunales provinciales reorganizan la función que desarrollan.

Piénsese en la posibilidad de que los funcionarios que ejercen en los tres o cuatro juzgados de paz de la comarca de Arousa son destinados a las futuras sedes desplazadas. El primero de los problemas radica en que no habría un espacio para acomodarlos.

La Justicia tiene para actuar, pero es demasiado conservacionista. De ese modo es difícil resolver problemas que están por venir, que siempre parecen imprevistos.