Otros funcionarios que declararon ayer estuvieron en los registros a domicilios y empresas de Sevilla vinculados a Sara Sánchez y el ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala, un matrimonio que habría actuado como testaferros de Marcial Dorado, y que en las primeras jornadas del juicio declararon contra el arousano. En aquella ocasión, el cuerpo policial había entrado tanto en la casa de la pareja como en la sede de Hispana de Aceites.
También declararon en la sesión de ayer agentes que asistieron al registro realizado por la Polícia Judiciaria portuguesa en Quinta do Feital, donde la familia arousana tenía una explotación de vino. Algunos de los agentes respondieron por videoconferencia, un sistema que ha criticado con dureza Manuel Tuero, que es el abogado del principal acusado.
El letrado también llamó la atención ayer sobre "la finísima memoria que los testigos de cargo tienen cuando responden a las preguntas de la fiscal y las enormes lagunas que sin embargo les surgen cuando quienes les preguntan son los abogados de las defensas".
