El juicio a Marcial Dorado se prolongará bastante más de lo inicialmente esperado debido al elevado número de testigos que todavía tienen que declarar. La Audiencia Nacional ha reservado sala en la sede de San Fernando de Henares para siete días de este mes de junio, después de que a finales de mayo el tribunal acordase suspender las vistas para examinar la voluminosa documentación de prueba que se ha expuesto por las partes. El juicio se retoma el miércoles, día 11, y continuará los días 12, 16, 17, 24, 25 y 26.

En un primer momento el tribunal había reservado la sala solamente durante el mes de mayo, pero pronto se vio que no iba a ser suficiente. En algunos casos porque la toma de declaración de algunos testigos y acusados se prolongó más de lo esperado (Hermelino Alonso, uno de los jefes de Aduanas, respondió a las preguntas de las partes durante tres días consecutivos, cuando en un primer momento se había previsto que llegasen dos) o porque en muchos casos las jornadas se hicieron solo de mañana. Otro factor que está dilatando la celebración del juicio fue la dificultad para tomar declaración por videoconferencia a algunos testigos portugueses.

El último día de vista en mayo el tribunal comunicó que el juicio se retomaría el 11 de junio, y apenas una semana después remitió el resto del calendario. Todavía están pendientes de declarar entre 20 y 30 testigos, la mayoría propuestos por el fiscal, de ahí que en el entorno de los acusados incluso planteen que podría no dar tiempo a terminar las sesiones en los días pendientes de junio.

Entre los testigos que hablarán la próxima semana se encuentran dos jefes de servicio de Aduanas, uno de los cuales declarará por videoconferencia. Uno de ellos, supuestamente, habría mantenido contactos con el guardia civil encausado, José Manuel Sánchez Zabala, al que habría pedido dinero a cambio de información confidencial, un extremo que el agente de Aduanas niega.

Además de Marcial Dorado se sientan en el banquillo de los acusados una quincena de personas, entre la mujer y varios hijos del contrabandista arousano, exmandos de Aduanas y la Guardia Civil, abogados y contables. La fiscal del caso les acusa de integrar una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, al frente de la cual estaría Dorado.

En el escrito de acusación se plantea que la trama constituyó una red de empresas -muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales- que habrían lavado el dinero mediante operaciones de préstamo de dinero entre ellas y transferencias a España desde bancos suizos. La condena más alta la pide para Dorado, que se enfrenta a 21 años de cárcel y una multa de 42 millones de euros.

Versión de la defensa

Los abogados del arousano, por su parte, reclaman la libre absolución. Niegan que Marcial Dorado se dedicase al narcotráfico (han recurrido la sentencia por la que está actualmente en prisión, tras vender un barco a un grupo que intentó introducir en Galicia un alijo de cocaína) y que haya blanqueado dinero. A este respecto, han tratado de demostrar que efectivamente compraron los cinco décimos de lotería premiados con el Gordo de Navidad en el sorteo de 1998, y que habrían reportado a la familia Dorado unos 400.000 euros.

Además, presentaron ante el tribunal documentación de los bancos suizos, del Sepblac y del Banco de España, según la cual las transferencias de dinero desde Suiza se hicieron siempre por los cauces legales. La instrucción de este sumario se inició hace más de una década, y supuso la intervención del patrimonio del arousano. Entre este figuran desde una bodega en Portugal hasta una fábrica de aceites en Marruecos, negocios inmobiliarios o mejilloneras.