Extrabajadores de Marconsa y CIG exigen más celeridad en la liquidación de las deudas

El sindicato acusa a la administradora judicial de incumplir el estricto orden de pago de las cantidades pendientes »Estudian acciones legales si dilata los plazos más de lo necesario

06.06.2014 | 01:24
Los extrabajadores de Marconsa y el sindicalista Xoán Xosé Bouzas Aboi.

Los catorce extrabajadores de la empresa vilagarciana Marconsa, actualmente en fase de liquidación tras un concurso de acreedores, se manifiestan diariamente ante el despacho de la administradora judicial en Pontevedra para exigir más celeridad en el proceso. El personal, con el apoyo del sindicato CIG, continuará la medida de protesta hasta el próximo miércoles, día en que se acaba el plazo otorgado por el Juzgado de lo Mercantil a la administradora para que presente una oferta mejor que la formalizada para el mobiliario y maquinaria de la empresa durante la subasta judicial del 28 de mayo. En el caso de no existir tal oferta, el sindicato iniciará acciones legales contra la administradora por entender que está dilatando más de lo normal el proceso, además de saltarse el orden del pago de las deudas como establece la norma del proceso liquidador.

Marconsa es una empresa de construcción, dedicada a obra particular y pública, que llegó a contratar hasta 150 trabajadores en las mejores temporadas de obras, pero, como otras de su categoría resultó afectada por la crisis económica. En la medida en que iba bajando la obra, la empresa reducía personal eventual hasta quedarse con 14 trabajadores. El 23 de noviembre de 2012 entró en concurso voluntario de acreedores. Hasta ese momento el personal iba cobrando con regularidad, por lo que no tenía salarios pendientes afectados por el concurso. Sin embargo, cuando la empresa pasó a manos de la administradora judicial la situación comenzó a cambiar pese a que las deudas generadas después del concurso deben abonarse en sus vencimientos y por estricto orden de pago. En julio de 2013 los trabajadores tenían acumuladas 5 mensualidades sin cobrar. La administradora consideró que la empresa era inviable por lo que inició el proceso de liquidación y despidió al personal, pero solo le abonó una de las nóminas, por lo que los trabajadores reclaman los salarios pendientes más la liquidación, que sumarían en total 220.000 euros.

El asesor sindical de CIG, Xoán Xosé Bouzas Aboi, manifestó su sorpresa porque la administradora judicial no ha querido recibir a la representación de los trabajadores y además, según denuncia, incumple el orden de los pagos tal como quedó establecido en el proceso del concurso en base a la normativa vigente para estos casos.

Bouzas Aboi, por la experiencia sindical con otras empresas del sector que han pasado por un proceso similar e incluso con situaciones más complejas, considera que este proceso liquidador se está prolongando demasiado y en esta situación la única persona beneficiada es la administradora concursal, que no solo cobra porcentaje sobre la parte activa sino otro porcentaje todos los meses. "Dilatando en el tiempo el proceso liquidador, lo único que se consigue es aumentar la masa de la deuda. Ahora hay dinero suficiente para liquidar la empresa, pero se están generando más gastos y la administradora concursal continúa cobrando", declaró el sindicalista.

La actuación de la administradora es cuestionada por CIG y los trabajadores hasta en el sistema de la subasta ya que se hicieron dos lotes: uno de ellos para la venta del terreno donde está asentada la planta de asfaltado, en el polígono de Abalo, en Catoira. El otro abarca toda la maquinaria, coches y mobiliario de oficina (incluidos todos los equipamientos de la planta de asfaltado). Al hacerse dos lotes se descartó la posibilidad de que una empresa pudiera comprar la planta de asfaltado que está casi sin estrenar y equipada con la última tecnología.

Sobre los terrenos de Abalo pesaba una hipoteca del BBVA, y la entidad crediticia se los quedó en la subasta por 219.000 euros. Sobre el otro lote, valorado inicialmente en 1,5 millones de euros, solo hubo una oferta de 437.000 euros. El juez preguntó a la administradora si podía mejorar la oferta y ella le contestó afirmativamente, por lo que le dio un plazo de 10 días para presentarla.

El asesor sindical y los extrabajadores temen que se trate de un ardid para continuar dilatando los plazos de la liquidación, mientras tanto la plantilla está sin cobrar.

Los extrabajadores intentaron hablar con la administradora concursal, pero según explicaron ayer, solo los atendió un minuto en la puerta de un garaje para decirles que no tenía que darles explicaciones de su actuación. "Lo que más nos dolió es que cuando le dijimos que estamos desesperados y que necesitamos el dinero, llegó a decirnos que no nos veía con mucha cara de necesidad y que teníamos que esperar", declaró uno de los afectados.

Los operarios continúan concentrándose diariamente con una pancarta ante la puerta del despacho de la administradora concursal con el fin de presionar para que se resuelva de una vez este proceso liquidador.

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