El gobierno de Vilagarcía aún no ha movido ficha para abonar al personal laboral la paga extraordinaria de diciembre de 2012, un desembolso que debe efectuar por orden judicial. La sentencia, hecha pública por UGT el 21 de mayo, no recoge una fecha límite para el ingreso del dinero, lo que permite a Ravella tomarse el asunto con cierta calma. Y es que el gobierno local asegura desconocer el importe exacto que debe entregar a los trabajadores. "No hubo reunión con el comité de empresa porque aún no está cuantificada la suma concreta", apuntan fuentes municipales.
El día en que salió a la luz el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el Ejecutivo vilagarciano ya tenía conocimiento de él, según afirmaron desde Alcaldía. En ese momento anunciaron que se estaba estudiando la fórmula y posibles plazos de ejecución". Pero por ahora todavía no hay nada. Fuentes de la junta de personal y del comité de empresa aseguran que nadie del gobierno se ha dirigido a ellos en ningún momento para citarlos o para hablar sobre el asunto, ni de forma oficial ni tampoco informal.
La cuantía ronda los 100.000 euros, aunque el cálculo exacto todavía no se ha realizado. UGT estima que la extra pendiente de ingreso se sitúa en unos 900 euros aproximados por trabajador, pero la cuantía depende de la categoría de cada empleado y de su antigüedad. La horquilla de los salarios en la plantilla municipal es muy amplia.
El principal problema para el abono de la extra es de dónde sacar el dinero. El gobierno todavía desconoce qué partida del Presupuesto municipal de 2014 se va a eliminar o reducirse para pagar a los trabajadores. En las cuentas no hay cuantía alguna designada para la extra.
En cuanto a la fórmula para ejecutar el abono, tampoco hay nada decidido. Ni si se va a realizar a plazos o en un pago único... Lo que sí tiene claro el equipo de Tomás Fole es que "la decisión que finalmente adopte el gobierno local para cumplir con la sentencia estará condicionada por la situación económica del Concello y las posibilidades para hacer frente a ese pago", según expresaron fuentes municipales el propio día en que se hizo pública la sentencia.
Según explican fuentes sindicales, los trabajadores tienen un plazo de un año para reclamar de forma administrativa e individual el ingreso de la extra. No obstante, confían en que Fole cumpla su palabra y busque un acuerdo con el personal para devolverle la paga que Rajoy suprimió a golpe de decreto. La justicia ha dado la razón a los trabajadores en varios ayuntamientos.
