La subida de Sogama ha supuesto un duro varapalo económico para los ayuntamientos. Algunos de ellos han empezado a recibir esta misma semana las facturas correspondientes al pasado mes de marzo, que es el primero en que se aplicó la subida. Las cifras son contundentes, y el Concello de Vilagarcía, por ejemplo, tendrá que pagar casi 23.000 euros más de lo que abonó en febrero, y casi 26.000 más que en marzo de 2013. Esto significa que el servicio de recogida de la basura le costó en marzo pasado al Ayuntamiento de Vilagarcía casi 3.000 euros diarios, unos 830 euros más que hace un año.
Todos los ayuntamientos están en la misma situación, aunque las cifras no sean tan elevadas puesto que Sogama cobra a los concellos según las toneladas de basura recogida. En Cambados, por ejemplo, la factura de marzo de 2014 es de 39.500 euros, lo que supone 14.000 euros más que en febrero -que tiene tres días menos que marzo- y 11.000 euros más que hace un año. Y en A Illa, que recibió la factura hace apenas unos días, el importe de 11.440 euros supone un 32 por ciento más que hace un año, cuando había sido de 7.846 euros.
El concejal de Medio Ambiente de O Grove, Alfredo Bea advierte de que la subida todavía se notará más en el presente mes de abril. "Hay que tener en cuenta que la Semana Santa de 2013 cuadró en marzo, y este año en abril". Puesto que los concellos pagan por residuos generados, y estos aumentan mucho en las épocas turísticas, como la Semana Santa, se espera que la factura de abril se dispare todavía más. "Hay diferencia entre marzo de este año y la del pasado, pero aún habría más si en 2013 la Semana Santa no hubiese coincidido en ese mes", añade Alfredo Bea.
Entre tanto, continúa la controversia por la subida. Tanto es así que los ayuntamientos de A Illa y Catoira, gobernados en ambos casos por el Partido Socialista, todavía no han decidido si pagarán o si devolverán la factura. Los ayuntamientos contrarios a la subida de Sogama han encargado un informe jurídico que determine si el alza de precios es legal o no, y dependiendo del resultado de dicho informe podrían negarse a pagar el servicio.
El regidor de A Illa, Manuel Vázquez manifestó ayer que "nosotros consideramos que cuando hay un contrato entre dos partes y una de ellas quiere cambiar algo del contrato tienen que sentarse las dos a negociar para llegar a un acuerdo. Pero en este caso es una subida decidida unilateralmente por Sogama, y por lo tanto está incumpliendo con el contrato".
El alcalde socialista de A Illa añade que "los ayuntamientos no tenemos por qué hacernos cargo de la mala gestión de Sogama y de la desastrosa política industrial del Gobierno y repercutir una subida a los vecinos". Vázquez apunta que el malestar es compartido por los regidores del PP "que por lo bajo también reconocen que están en contra de la subida".
Sin tocar las tasas
Sogama anunció en noviembre pasado a los ayuntamientos una subida del 34 por ciento en la recogida de la basura, que sería aplicable a partir del 1 de enero de este año. La Sociedade Galega de Medio Ambiente (una empresa pública participada por la Xunta de Galicia) justificaba la medida en las pérdidas económicas sufridas por el fin de las primas a la producción de las energías renovables, decidido por el Gobierno central.
Sogama alegaba que sin esas primas a la producción de energía la sociedad estaba en peligro de quiebra, y afirmó que su única posibilidad de mantenerla económicamente era la de subir el precio de la recogida a los concellos.
Estos pusieron el grito en el cielo, pues el servicio de recogida de la basura es uno de los más costosos, y Sogama les ponía en la tesitura de subir las tasas a los vecinos en un momento económico todavía muy delicado para miles de familias, o asumir con fondos municipales la subida, lo que implica quitar ese dinero de otras partidas y obras.
Así las cosas, algunos ayuntamientos optaron por subir la tasa, como Vilanova, pues el alcalde plantea que la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que los servicios no pueden dar pérdidas. La mayoría, sin embargo, prefirieron no repercutir el impuesto a las familias.
