Los más de 2.000 kilogramos de almeja japónica requisados la semana pasada en un control de la Guardia Civil en el municipio de Barro viajaban con todas las guías y la documentación necesaria de Portugal a varias depuradoras gallegas. Así lo afirmó ayer la letrada del transportista portugués, Gabriela Suárez, del bufete Ramón Montenegro, mientras mostraba toda la documentación (controles de registro, origen y destino) por lo que no entiende como la Consellería do Mar pudo anunciar una incautación que "no ha sido tal".

De hecho, insiste la abogada, la mercancía constaba de cuatro lotes, de los cuales uno fue entregado en el muelle de Marín el mismo día en que fue retenido, bajo la supervisión de Gardacostas, sin llegar a trasladarse al Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa). Los otros tres lotes si se derivaron, de forma cautelar a las instalaciones del centro isleño, pero esa misma jornada, "sobre las 15,30 horas, la administración decidió devolverlos a sus respectivos destinatarios, una vez que se comprobó la regularidad de los mismos". Sin embargo, no pudieron ser entregados hasta el pasado lunes "por la ausencia de personal especializado en el Igafa para este tipo de labores, al encontrarse el centro cerrado". Para la letrada, la actuación fue "desproporcionada" y afirma que "en ningún momento se llegó a producir el decomiso del vehículo que transportaba la mercancía, quedando sin efecto la medida cautelar, lo que permitió retirar el camión frigorífico que se encontraba estacionado en el cuartel de la Guardia Civil de Pontevedra y que lícitamente, transportaba la mercancía".

Queda todavía una partida de unos 800 kilogramos en la que existen serias discrepancias entre los asesores legales del transportista y la Consellería do Mar. La abogada espera que se lo entreguen lo antes posible a su representado ya que en caso de no ser restituida, solicitarán el valor patrimonial a través de las vías legales adecuadas. Sin embargo, la Consellería emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que los más de 800 kilogramos restantes "no acreditaron su destino, y tras realizar los controles y análisis que garantizan su perfecto estado, han sido sembradas en una zona de libre marisqueo del litoral de Galicia".

En ese comunicado, la Consellería insistía en que en el operativo realizado en el peaje de la AP-9 se inspeccionó un camión que transportaba 2.348 kilogramos de almeja japónica, siendo paralizado el transporte "al presentar irregularidades en parte de la documentación y por no justificar el destino". De ese montante global, 800 kilogramos fueron puestos "a disposición de la empresa que los reclamó como destinatario en el momento de la inspección, mientras el resto se trasladaba a las instalaciones del Igafa, como medida cautelar, ya que las empresas que figuraban como destinatarias en la documentación negaron serlo en ese momento". A lo largo de la última semana, las dos empresas "que inicialmente rechazaron ser las destinatarias, reclamaron la propiedad de la almeja, de forma que pudieron retirar 300 y 400 kilogramos, algo que no ocurrió con el último lote".