Han pasado ya 23 años desde que la empresa emblema de la familia Charlín, Charpo S.A., echó el cierre por orden de la administración concursal al estar sumida en un sinfín de problemas, que se agudizarían después con la intervención de la Audiencia Nacional. Han sido 23 años en los que no se ha conseguido resolver la deuda que todavía se mantiene con las 72 extrabajadoras que continúan litigando con la Hacienda pública para que les devuelvan el dinero que es suyo.

El próximo 13 de mayo se va a celebrar en Madrid la subasta de un bajo comercial ubicado en el céntrico barrio de Lavapiés que está embargado por las extrabajadoras, bien con el que las mujeres esperan recuperar parte de lo que todavía se les adeuda.

El precio de salida en la subasta del bajo va a ser de 277.685 euros, aunque el objetivo que persigue la hacienda pública es liquidar los 581.566 euros que reconoce que les adeuda a las extrabajadoras en concepto de intereses de todos estos años en los que no se ha encontrado una solución adecuada al conflicto.

Sin embargo, las operarias reclaman una cantidad similar a mayores que ampliaría la deuda hasta el millón de euros. De hecho, esa parte de la deuda que la Agencia Tributaria no reconoce está recurrida por las trabajadoras, hartas de buenas palabras que nunca se transforman en los hechos prometidos.

El bajo comercial que se va a subastar, a petición del juzgado de lo social número 3 de Pontevedra, es una de las últimas propiedades que queda todavía en manos de las extrabajadoras, que ya han conseguido ingresar gran parte del dinero que se les adeudaba como indemnización por sus despidos con otras subastas, como la que se celebró en 2008, que sirvió para vender por 800.000 euros la depuradora Sochar, ubicada en A Illa de Arousa. Esas instalaciones fueron adquiridas por la propia familia Charlín, desatando una investigación, denominada Operación Repesca, que finalizó con la imputación de varios integrantes del clan por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Tampoco es la primera vez que se intenta subastar este bajo, aunque en todas las ocasiones, el acto acabó siendo paralizado, dilatando en el tiempo el cobro de la deuda que todavía se mantiene con las trabajadoras. La última ocasión ocurrió el pasado mes de octubre, cuando estaba todo preparado para subastar el inmueble. Sin embargo, un defecto de forma en la documentación obligó a paralizar la subasta que ha vuelto a retomarse en estos momentos.

La crisis de la empresa emblema de la familia Charlín se originó a principios de los años 90, cuando se declaró un serio conflicto laboral entre las trabajadoras y el clan que presidían Manuel Charlín Gama y Josefa Pomares. La situación de las trabajadoras se agravó en 1995, cuando la Audiencia Nacional intervino la empresa por las actividades delictivas que desarrollaba el clan.

En esos momentos, se nombraron unos administradores judiciales que la gestionaron hasta que, en 1999, anunciaron la disolución de la firma, despidiendo a todas las empleadas. Desde ese mismo momento comenzó para las 72 trabajadoras (dos de ellas ya han fallecido) una travesía en el desierto en la que han ido recuperando parte de la deuda solo gracias a su tesón y a presionar a la Agencia Tributaria. Esas presiones permitieron que parte de los ingresos generados con la subasta de propiedades del entramado de empresas de la familia Charlín, se acabase destinando a paliar la gran deuda que habían generado los intereses.