La juez obliga a Bosque de Desamparados a pagar costes pendientes de la urbanización

La Junta de Compensación se negó a pagar por discrepancias con las certificaciones de obra - El conflicto paralizó las obras y la puesta en marcha del centro de día de mayores

09.04.2014 | 01:21
La urbanización Bosque de Desamparados, en Vilagarcía. // Iñáki Abella

Una sentencia acaba de poner fin a cinco años de conflicto entre la directiva de la Junta de Compensación de la Urbanización Bosque de Desamparados y la empresa contratista Marconsa por las liquidaciones de las obras de urbanización. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra acaba de fallar a favor de la demanda interpuesta por el contratista, obligando a la propiedad a abonar la cantidad de 106.166,58 euros correspondiente a las facturas pendientes de pago, más los intereses preceptivos y otros 1.500 euros en concepto de costas.

Contra esta sentencia emitida el día 4, la demandada puede interponer recurso de apelación, previo pago del depósito correspondiente.

El caso se remonta a mayo de 2007 cuando la Junta de Compensación adjudicó las obras a la empresa Marconsa, conforme al presupuesto aportado y al proyecto redactado por la arquitecta Carmen Santiso. En el contrato se estableció que el pago del precio se efectuaría contra certificación de obra expedida por el técnico director de la misma y aprobada por el consejo rector de la junta de compensación.

Paralización de las obras

Se iniciaron los trabajos y se llevaron a cabo certificaciones de obra. Los problemas comenzaron a surgir entre las partes por impagos de la demandada que dieron lugar a reclamaciones judiciales y que llevaron a la paralización de ejecución del resto de la urbanización por parte de Marconsa hasta que se abonaran las cantidades adeudadas.

En el medio de este conflicto había dos instalaciones de carácter público: las viviendas sociales de la Xunta y el centro de día para personas mayores, construidos en un terreno cedido por el Concello de Vilagarcía. Para poder poner en funcionamiento ambos servicios tenía que estar acabada la obra de urbanización, por lo que el alcalde, Tomás Fole, decidió mediar entre las partes.

Las negociaciones resultaron árduas pero al final el regidor municipal consiguió un acuerdo: la Junta de Compensación depositaba en el Concello el dinero reclamado y el contratista retomaba las obras de la urbanización para que se pudieran poner a disposición municipal los viales y servicios públicos.

Las certificaciones de los nuevos trabajos fueron realizadas por los técnicos municipales y, en base a ellas, el Concello fue efectuando los pagos de las nuevas obras. Así se pudieron culminar los trabajos de urbanización para dar licencia al edificio de las viviendas sociales y el centro de día.

Pero aún quedaban pendientes las certificaciones anteriores (tres en total) por las que los propietarios de la urbanización habían mostrado discrepancias, llegando a poner en tela de juicio la veracidad de las mediciones de las unidades de obra. Se da la circunstancia de que las certificaciones eran realizadas por el director de obra nombrado por los propietarios de la urbanización, la arquitecta Carmen Santiso.

Debido a la negativa de pago de estas facturas, el responsable de Marconsa, Marco Antonio Diéguez, decidió recurrir a la Justicia presentando un contencioso administrativo.

La Junta de Compensación se opuso a la reclamación alegando la existencia de una discrepancia entre la obra ejecutada y la que consta en las certificaciones.

En la sentencia se hace constar que la Junta de Compensación no presentó ninguna prueba concluyente que acredite debidamente los excesos alegados en las unidades de obra recogidas en las certificaciones que dan lugar a las facturas reclamadas. Por tanto, estas liquidaciones "deberán ser abonadas por la demandada sin perjuicio de lo que resulta de la regularización definitiva que se haga en la liquidación final en base a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la mediación final".

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