El prolongado episodio tóxico que afecta a las bateas de mejillón gallegas hace que aumente el nerviosismo no solo entre el sector mitilicultor, sino también entre los cocederos, conserveras, depuradores y Administración. Por este motivo, y después de que algunos empresarios y bateeiros cuestionaran los métodos analíticos existentes, desde la Consellería do Medio Rural e do Mar no solo rechazan que se siembre la duda, sino que desafían a los descontentos a aportar pruebas de que algo falla.

Y no solo eso, pues en el caso del sector industrial, la Administración le recuerda que las propias empresas están obligadas a garantizar la calidad y salubridad de sus productos, y en caso de que trabajen mejillón afectado por biotoxinas lo que deben hacer es devolverlo al mar.

Surge todo esto porque de un tiempo a esta parte se ha escuchado a algunos empresarios decir que hay zonas de producción actualmente abiertas a la extracción en las cuales hay mejillón con toxina, del mismo modo que en otras ocasiones se cuestiona el cierre de bateas porque se cree que el producto está limpio.

Pero en la Xunta inciden en que sembrar dudas o cuestionar el sistema analítico perjudica al propio sector, y añaden que esas aperturas y cierres se decretan en base a los análisis que efectúa el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), considerado un centro de referencia mundial.

Para profundizar todavía más en esto, puede decirse que desde la Consellería do Medio Rural e do Mar han contactado con diferentes empresarios para pedirles prudencia en sus manifestaciones y serenidad en el momento de hacer acusaciones gratuitas que puedan repercutir negativamente en la imagen del mejillón gallego.

La directora del Intecmar, Covadonga Salgado Blanco, incluso ha remitido cartas a algunos productores para explicarles la situación y, en caso de que tengan dudas, retarlos a presentar documentos o análisis que demuestren que el centro de referencia falla.

Sea como fuere, en la Consellería do Mar recuerdan que la Unión Europea establece "los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria" y avala "la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria", fijando "los procedimientos" a seguir. De este modo se establece que "los explotadores de empresas alimentarias se asegurarán de que los alimentos que produzcan cumplan los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán que se cumplen dichos requisitos".

Asimismo, en lo relativo a la obligación de los explotadores de empresas alimentaria, se deja claro que estos "deberán de informar a las autoridades competentes y deberán retirar del mercado cualquier alimento importado, producido, transformado, fabricado o distribuido por la empresa cuando tengan motivos para pensar que dicho alimento no cumple los requisitos de seguridad de los alimentos".

Esto es tanto como decir que si los cocederos o conserveras tienen indicios de que el mejillón que manipulan está afectado por biotoxinas deben comprobarlo ellos mismos y actuar en consecuencia, sin necesidad de esperar a lo que pueda hacer la Administración o independientemente de lo que decida el Intecmar.