La memoria del 2012 realizada por Cáritas explica que "las personas participantes (en ayudas) se sienten cada vez más frustradas con la situación actual: a la falta de trabajo se une la nula o tardía respuesta que se da desde los servicios públicos, que en la mayoría de los casos no actúan con la urgencia que se necesita", pues llegan a tardar casi ocho meses en conceder una Risga (apenas 400 euros) y seis en emergencias. Todo esto, cabe recordar, mientras ONGs como Cáritas se hacen cargo de los casos de mayor gravedad a través de convenios con los concellos.
