Una decena de inmuebles de O Grove se han beneficiado del proceso que permite legalizar instalaciones consideradas fuera de ordenación. Es una nueva remesa que se suma a otras muchas autorizaciones o legalizaciones anteriores, y a las que vendrán en el futuro. Y se hace con el aval no solo del Concello, sino también de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU).

A modo de ejemplo, puede decirse que el Concello admite la "incursión en situación legal de fuera de ordenación" de un bar-furancho de Balea Marítima, con un presupuesto de ejecución material de 31.000 euros; y se hace lo propio con una vivienda de Campos de San Martín, con presupuesto de 146.000 euros; otra de O Carreiro, con 60.000 euros; una vivienda de Cachadiñas, cuyo presupuesto de ejecución material es de 125.000 euros; y un edificio de apartamentos de Balea, con casi 208.000 euros.

Hay que añadir un galpón-almacén en Cachadiñas-Balea, con casi 4.800 euros de presupuesto; una nave taller para mecánica y autolavado en O Con, por 42.000 euros; una vivienda más, en Ameirós (Campos), en este caso con un presupuesto de 54.000 euros; y una edificación con uso de pensión, en Balea.

Del procedimiento urbanístico al que se acogen estas viviendas y naves empezó a hablarse en O Grove, y mucho, a finales de 2011. Fue entonces cuando el alcalde, Miguel Pérez, puso en marcha una ronda de contactos con los vecinos, propiciando que expertos en la materia les explicaran en qué consistía esta iniciativa.

El regidor intentaba así "mostrar todas las posibilidades que ofrece la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) para que los propietarios de residencias, naves, instalaciones prestadoras de servicios y similares puedan regular su situación adaptándose a la normativa vigente, en caso de que no lo estén en la actualidad".

Tal y como indicaba entonces, "la ley establece que aún quedando fuera de ordenación pueden patrimonializarse estas edificaciones y conseguir la documentación que las regularice, siempre y cuando sean inmuebles construidos antes del 1 de enero de 2003 y no estén sujetos a ningún tipo de expediente de infracción urbanística en vigor".

Aquella era, por tanto, una oportunidad para muchos grovenses, pero "la mayoría de los posibles beneficiarios de la medida desconocían de la existencia de esta opción, por eso pusimos en marcha las charlas informativas", según Pérez.