Movido se presenta el Pleno de mañana dada la fricción generada por la aprobación definitiva de la ordenanza de locales culturales y las tasas correspondientes. Por un lado, el colectivo que reclama la gratuidad de su uso ha reunido 2.700 firmas de apoyo y cuenta con el respaldo de 36 asociaciones del mundo de la cultura vilagarciana. Por otro, el gobierno local defiende que la ordenanza no contempla el cobro a entidades sin ánimo de lucro por el uso de los locales municipales.

Mientras Xurxo Abuín, portavoz del colectivo, entregaba en el Rexistro de la planta baja de Ravella las firmas recogidas durante estos días, el alcalde y el edil de Cultura comparecían en conferencia de prensa en la zona noble del Consistorio. Ni unos ni otros han mantenido una reunión conjunta desde que saltó la polémica. "Nunca hemos tenido una reunión conjunta, pero sí que hemos visitado cada centro social para hablar con todos los colectivos", se explica el concejal de Cultura, Francisco González.

El gobierno se defiende

Tomás Fole y su compañero de gabinete expusieron al detalle el punto de vista del gobierno local. "Tanto el colectivo como nosotros coincidimos en lo fundamental, eximir a las asociaciones sin ánimo de lucro de pagar por el uso de los centros culturales", defiende el edil de Cultura.

González quita hierro al hecho de que 36 (según cifras dadas por Xurxo Abuín) asociaciones vilagarcianas se hayan posicionado en contra de la ordenanza tal y como la plantea Ravella. "Hay más de 200 colectivos y solo representan a apenas un 10% del total. Valoramos sus alegaciones e incluso hemos introducido alguna en el texto final, pero que no pretendan ser la voz del pueblo, que delegó en su momento en las urnas" y añade que "algunas modificaciones que presentan son por intereses personales de Abuín y caen en contradicciones".

Tomás Fole dudaba acerca de la pregunta que formulaban los colectivos a la hora de recoger firmas. "Abuín pasó en coche esta mañana con el megáfono para decir que queremos cobrar a las asociaciones por el aprovechamiento de las instalaciones e instaba a protestar en el Pleno. La ordenanza explica que están exentas, algo que ya le explicamos el día 15 de marzo. El resto de sus planteamientos no pueden recogerse", alega.

Entre los que sí han sido atendidos están el acceso a los recintos con carritos de bebé o sillas de ruedas y la obligación de pedir permiso al Concello y a los propietarios de los derechos cuando se vayan a grabar actuaciones en los centros culturales.

Entre los que no han sido atendidos, destaca la solicitud de "entregar la gestión de los locales a las entidades más representativas", porque, expone Francisco González, "es muy difícil valorar cuáles son".

Fricción

Tampoco se ha aceptado que la explotación de las cantinas de algunos de estos locales sea llevada a cabo directamente por los colectivos. "Es una actividad con ánimo de lucro y debe otorgarse por vía de concesión pública".

Es aquí donde se halla uno de los grandes escollos en la relación entre el grupo liderado por Abuín y el gobierno local. Francisco González señala al presidente de O Souto diciendo que "tenía que justificar las ayudas públicas para renovar el convenio con el Concello y dejó de hacerlo dos años seguidos. Tenemos la obligación de fiscalizar qué se hace con el dinero público. Entiendo que quiera evitarlo, pero si lo hace pierde las subvenciones".

El titular de Cultura también apunta a algunos artistas. "Si quieren hacer negocios pueden hacerlos fuera, pero no aprovechando locales públicos. El que quiera exponer podrá hacerlo como hasta ahora".

Sobre los locales de ensayo, González afirma que aprueba introducir algún cambio a petición de los usuarios, pero dice que el Concello cobrará por su uso "para hacer frente a la reposición de material. Ponemos el 80% del gasto. Pero no se puede aceptar que se haga un mal uso de las instalaciones. Hay marcas de baquetas en el techo", afirma mostrando una fotografía de un joven haciendo acrobacias sobre un equipo de sonido.

Tanto Fole como González pusieron el énfasis en "garantizar el acceso igualitario para 38.000 personas, por encima de intereses de medio centenar de grupos". El concejal añadió que, "pase lo que pase en el Pleno, pretendo cumplir todos los compromisos verbales que he adquirido con ellos".