El alcalde garantiza que se controlará el aforo en el pleno pero sin identificar al público

El límite de capacidad se sitúa en 163 personas - Tras la polémica de la última sesión, la Policía no pedirá el DNI a los asistentes

24.05.2013 | 09:11
El último pleno municipal, en abril, fue muy controvertido. // Iñaki Abella
El último pleno municipal, en abril, fue muy controvertido. // Iñaki Abella

El último pleno celebrado en Vilagarcía desencadenó una gran polémica a consecuencia de la identificación por parte de la Policía Local de los asistentes que acudían a la sesión, anotando sus nombres y apellidos en una lista. Fue la primera vez en la historia de la democracia en la capital arousana que se producía este hecho, el cual fue rechazado y muy criticado por todos los grupos de la oposición y por los colectivos y vecinos que se encontraban entre el público. Tras esta controversia, el procedimiento del Concello no será el mismo en el próximo pleno, que se celebra el lunes a las cinco de la tarde. El alcalde, Tomás Fole, garantiza que los agentes no solicitarán el DNI a los asistentes, aunque sí se controlará el aforo para velar porque no supere las 163 personas -incluidos los concejales-.

La sesión del lunes se prevé con bastante afluencia, puesto que se someterán a debate las alegaciones presentadas conjuntamente por más de treinta asociaciones tanto al reglamento de uso de las instalaciones culturales como a la ordenanza que regula esta utilización. El gobierno de Fole permitirá la intervención del portavoz de los colectivos, Xurxo Abuín, para explicar la postura de las agrupaciones en relación a la normativa sobre los locales culturales.

Ordenanza de circulación

La ordenanza de circulación será el otro gran eje del debate plenario, en este caso a consecuencia de la tarjeta de residente en calles peatonales, un documento cuya obligatoriedad entró en vigor el pasado 1 de mayo mediante la emisión de un bando municipal. El Ejecutivo está estudiando las sugerencias presentadas para mejorar la normativa, motivo por el cual todavía no se ha aplicado. La Policía actúa de forma permisiva con los vecinos y comerciantes que carecen de tarjeta de residente. La expedición de esta acreditación cuesta 10 euros -además hay que pagar 5 euros para renovarla cada dos años-, lo que supone uno de los principales escollos para lograr el consenso ciudadano. La previsión es finalizar el estudio de las reclamaciones este mes de mayo.

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