Los armadores afectados por el proceso de regularización de embarcaciones continúan moviendo ficha ante una normativa que consideran errada y que les perjudica sobremanera al exigir cuestiones prácticamente imposibles de cumplir y que les pueden suponer un desembolso económico excesivo para legalizar por completo sus lanchas. Los integrantes del colectivo que engloba a estos marineros mantuvieron un encuentro el pasado sábado en el que se acordó iniciar contactos con los diferentes grupos políticos para explicarles la situación en la que les deja esta regularización y recabar su apoyo.

Además, quieren plantear a la Consellería do Mar una ampliación del plazo para legalizar las embarcaciones, ya que para muchos de los afectados ese plazo finaliza el próximo mes de junio. El objetivo es aprovechar esa moratoria para sentarse con los responsables de Mar, incluida la propia conselleira, Rosa Quintana, y tratar de buscar una solución consensuada que permita el reconocimiento de las embarcaciones tal y como se encuentran. Uno de los principales problemas con los que se encuentran a la hora de regularizar las embarcaciones es que el caballaje del motor no coincide con los datos que figuran en los papeles de la embarcación y se les obliga a comprar por algo que, de facto, ya poseen. En la regularización se insiste en que el objetivo de limitar el caballaje de las embarcaciones es para frenar el impacto que puedan causar los barcos en las diferentes pesquerías, pero las embarcaciones de marisqueo nada tienen que ver con la sobrexplotación ya que tienen fijado unos topes de captura y los motores se utilizan simplemente para el traslado y son fundamentales, sobre todo, para la seguridad marítima.

Los marineros que integran la asociación, pertenecientes a prácticamente todas las cofradías de la ría de Arousa, continúan recabando firmas para presentar a Mar, unas firmas con las que pretenden reclamar una "regularización definitiva de las embarcaciones marisqueras en las mismas condiciones declaradas por sus propietarios, sin que por ello se pierdan derechos pesqueros ni de transmisión o venta". Entienden que así se frenará el negocio que ha surgido en torno a esta necesidad de la flota que puede suponer la "ruina" para muchos de los pequeños armadores que se dedican al marisqueo.