El alcalde, Tomás Fole, dio ayer cuenta de las gestiones realizadas tanto por el Concello como por la Xunta para intentar mantener el préstamo Luz Salgada y no tener que devolverlo al Gobierno central, puesto que supondría un duro varapalo para Vilagarcía, poniendo en riesgo los servicios básicos a los ciudadanos y el plan de saneamiento.
Administración local y autonómica se reunieron la semana pasada para plantear los términos en los que redactarán los requerimientos que cada institución presentará ante el ministerio, con el objetivo de que "vayan en la misma línea" y coordinados, de forma que los argumentos sean "paralelos y complementarios". Ravella tiene de plazo hasta el 25 de mayo y el Ejecutivo gallego, hasta el 26, para defender la permanencia del crédito ante el ministerio.
A partir de ahí se fijan tres meses para que el Estado se pronuncie. Si no es así, tras el silencio administrativo el Ayuntamiento recurrirá a un contencioso-administrativo para "seguir peleando por el proyecto Luz Salgada", aseguró Tomás Fole. "Lo más importante es el pago de los intereses de demora -1,3 millones de euros-, que podría llevar la situación económica de Vilagarcía a cifras negativas", advirtió el regidor.
