El alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, retó el viernes a los sindicatos del Concello a remitirle en un máximo de tres días una copia por escrito de la orden que supuestamente había recibido la Policía Local para identificar al público asistente al último pleno.

Las centrales sindicales cumplieron el plazo y presentaron ayer por registro la contestación al regidor, pero sin lograr demostrar con pruebas quién dio la polémica orden. Y es que, según aseguran desde la propia junta de personal, los agentes que trabajaron la tarde del 29 de abril recibieron ese mismo día "instrucciones por escrito sobre medidas de seguridad para del funcionamiento del pleno municipal".

Lo que sucede es que eran unos folletos que fueron repartidos por "cargos superiores" entre los policías de ese turno, pero no están firmados por nadie, siendo ésta una práctica sorprendentemente "habitual" en las instrucciones a los agentes, precisan fuentes del cuerpo.

Según miembros de la junta de personal, dichos escritos anónimos recogen extractos del reglamento orgánico del pleno, los mismos que los sindicatos trasladaron al alcalde ayer en la respuesta solicitada por el primer edil. "Se establece como medida de seguridad que en caso de que hubiera especial interés en la asistencia a una sesión plenaria en concreto, de forma que se pueda prever que el número de asistentes exceda el aforo, se deberá dar preferencia a los vecinos de Vilagarcía, para lo que se deberá identificar a las personas que entren en el salón de plenos", reza el escrito.

A pesar de que Tomás Fole requirió a los sindicatos para que les hiciese llegar "una copia escrita" de la orden a la que aluden los representantes de los empleados, estos no lo han hecho así, al considerar que "lo que está hecho en el Ayuntamiento no hace falta adjuntarlo". El procedimiento utilizado fue plasmar entrecomillados de las instrucciones recibidas el día del pleno, es decir, palabras literales, en el escrito enviado a Fole.

Los sindicatos se basan en dos argumentos para intentar justificar ante el máximo responsable de la Policía Local, Tomás Fole, que los agentes no tomaron por su cuenta la decisión de identificar y anotar en un listado al público del pleno. "Nosotros somos unos mandados", aducen.

Así las cosas, aparte de las instrucciones dadas el mismo día del pleno, tres de los cuatro sindicatos de la junta de personal -UGT, CC OO y CSIF- también se escudan en una "nota informativa" colgada en el tablón de la Policía y firmada por la jefa del cuerpo, María del Carmen Roca, del 12 de julio de 2012. En ese comunicado se obliga a los agentes a identificar a las personas que entran en el Concello por las tardes, una decisión tomada a raíz de un intento de robo en el servicio de Intervención. Dicha identificación se realiza habitualmente en el mostrador de la Policía y no en la puerta. Con todo, en los plenos nunca se había aplicado esta orden, hasta que el 29 de abril los agentes recibieron un folleto sin firma para identificar a los asistentes del pleno, siempre según la versión de la junta de personal.

Todos en el consistorio

Agregan que, además de la instrucción escrita, cargos intermedios trasladaron verbalmente a los policías que los seis que estaban en ese turno debían permanecer todos en la casa consistorial: dos en la puerta de entrada, dos en la del salón de plenos y otros tantos vigilando las instalaciones. Distintas fuentes apuntan que se rumoreaba que pudiesen acudir afectados por las preferentes y las asociaciones opositoras al reglamento de uso de las instalaciones culturales, además de los funcionarios y de los vecinos y comerciantes de las zonas peatonales. Finalmente solo asistieron estos dos últimos colectivos.

El alcalde volvió a negar la semana pasada que él o la jefa de la Policía Local hubiesen dado la orden de identificación del público. Pese a la polémica creada en torno a este asunto, después de más de una semana desde que se produjo el hecho inédito en Vilagarcía -durante más de treinta años de democracia- de anotar en una lista los nombres y apellidos de los asistentes a un pleno, lo cierto es que continúa sin esclarecerse quién dio las instrucciones para este procedimiento. Lo único que parece claro es que los policías habrían atendido una orden no se sabe de quién. Los sindicatos aseguran que el escrito enviado al regidor tiene un tono conciliador porque quieren terminar con esta polémica que, según dicen, les ha generado mala imagen ante los ciudadanos.