La hija de Marcial Dorado se puso ayer en contacto con la familia Cores Abal, y se ofreció a colaborar con ellos para intentar resolver la amenaza de embargo que pesa sobre una casa en la que viven los Cores, pero que está a nombre del histórico contrabandista de A Illa.

La abogada María Dorado llamó por teléfono ayer por la mañana a Lidia Cores, y habló con el marido de ésta. Posteriormente, Lidia Cores le pasó el teléfono a su letrado, el vilagarciano Javier Durán, que ya se ha puesto en contacto con María Dorado.

Ambos quedaron de verse en las próximas horas, y la hija de Dorado se ha ofrecido a mostrar a Durán la documentación que obra en su poder sobre la finca en litigio, para comprobar si en efecto se ha producido algún error en la numeración catastral o en el peritaje judicial, como cree la hija del tabaquero.

Los Cores Abal tienen una pequeña casa en la zona de Outeiro -en las proximidades de Cabodeiro, en A Illa-, que construyeron en 1960 Francisco Cores Nieto y Evangelina Abal Diz. Alegan que vivieron en ella desde siempre, y que en la actualidad la ocupan un nieto del matrimonio fundador y su pareja. Pero no la tienen escriturada, ni la inscribieron en el registro de la propiedad.

Ahora se encuentran con el problema de que un juzgado se la quiere embargar, pues al parecer Marcial Dorado se la compró en 1997 a una tercera persona sin relación alguna con la familia Cores Abal, y la registró a su nombre. Una empresa de Dorado contrajo posteriormente una deuda con una inmobiliaria de Madrid, y un juzgado ha ordenado el embargo de 38 fincas de Dorado para saldar esa deuda. Entre las parcelas figura la que ocupan los Cores Abal.

El abogado que asiste a la familia isleña presentó ayer la demanda en contra del embargo en el juzgado número 2 de Vilagarcía, que es de donde procedía la cédula de notificación. Y ahora les toca esperar a la decisión del juez y examinar los documentos que les proporcione María Dorado.

Los Cores Abal tienen en su contra que los jueces suelen dar la razón al que puede demostrar documentalmente la propiedad del terreno, y en este caso sería Dorado, que sí lo registró. A su favor cuentan con las altas de los contratos de los servicios -como la energía eléctrica-, la factura del arquitecto que hizo los planos de la casa, en 1960, o los recibos del impuesto de bienes inmuebles que han pagado en los últimos años. También apelarán a un artículo del Código Civil, según el cual el uso ininterrumpido de un bien durante más de 30 años, sin que medie mala fe ni la reclamación de nadie, otorga la propiedad sobre ese bien. El abogado de los Cores Abal alega que esto se cumple, pues la vivienda se levantó en 1960, y Marcial Dorado Baúlde no la adquirió hasta finales de la década de los 90.

María Dorado aseguraba anteayer que en A Illa siempre hubo muchos problemas con el Catastro. El alcalde de la localidad, Manuel Vázquez, reconoce que esto es cierto, y lo atribuye a dos factores fundamentales: el extremado minifundismo que existe en el municipio, y el hecho de que durante mucho tiempo fueran pocos los vecinos que registraban formalmente sus tierras.

Hay otra familia de A Illa amenazada de embargo por el mismo problema, pero en su caso sí tienen los papeles en regla.