Los socios de la cofradía de Cambados críticos con el patrón mayor, Benito González, se han personado como acusación particular en la causa que lleva un juzgado de la villa por el presunto sobreprecio del buque "Tragove", adquirido hace unos años por el pósito.

El fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra abrió recientemente una investigación para determinar si hubo o no un sobreprecio en la adquisición del "Tragove", y el caso llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados. Los socios críticos han pedido personarse en la causa como acusación particular, y lo hacen tanto en nombre propio como de la Asociación Galega de Mariscadores (Agamar) de la que forman parte.

Los socios centran su acusación en el patrón mayor y en el representante legal de Astilleros Polináutica, que es la empresa que construyó el barco.

El buque costó 340.000 euros, de los cuales 176.000 procedían de subvenciones de la Unión Europea, tramitadas a través de la Xunta de Galicia. Pero Agamar sostiene que la embarcación costaba mucho menos, e incluso apelan a un supuesto peritaje de funcionarios de la Xunta, según el cual el valor del buque no superaba los 161.000 euros.

En este sentido, la asociación afirma que la Oficina de Lucha contra el Fraude, adscrita a la Comisión Europea, pidió una investigación sobre estos hechos, por lo que la Xunta de Galicia tuvo que abrir un expediente, que incluye la posibilidad de reclamar a la cofradía de Cambados 84.000 euros de la subvención, ya que ésta se otorgaba según un porcentaje del precio, y hubiese sido menor si se demuestra que, en efecto, el barco se pudo construir con menos dinero.

Eso, sumado a los intereses, podría hacer que la cuantía total rondase los 100.000 euros "ante la manifiesta, palpable y obvia desproporción del precio de construcción del buque abonado a la empresa", alega Agamar en un comunicado.

Los socios críticos con González aseguran que esta gestión dejará la cofradía hipotecada por muchos años, más teniendo en cuenta la actual coyuntura económica, que incluso obligó al pósito a meditar un posible expediente de regulación de empleo. Además, plantean que paguen con su patrimonio tanto los autores del presunto desfalco, como los miembros de la junta general y del cabildo que aprobaron las facturas.