La familia de Marcial Dorado cree que la amenaza de embargo que pesa sobre la familia de A Illa que vive en una casa que al parecer está a nombre del histórico contrabandista podría deberse "a un error". La hija de Dorado, la abogada María Dorado, declaró ayer a este periódico que "cuando se nos preguntó en el juzgado ya dijimos que no teníamos constancia de que ninguno de los terrenos que compramos tuviesen una casa habitada". Por ello, cree que "es posible que se haya producido un error en el peritaje judicial o en la numeración del Catastro".

La casa en litigio se encuentra en la zona de Outeiro, en las proximidades de la escuela infantil de A Illa. Según la familia que defiende ser la titular de la vivienda, la levantaron en 1960 un marinero isleño, Francisco Cores Nieto, y su esposa, la vilanovesa Evangelina Abal Diz. Alegan que desde entonces vivieron siempre allí, y que al morir la pareja la casa quedó para los siete hijos y tres sobrinos de Francisco Cores y Evangelina Abal. En la actualidad residen en ella, según la familia, un nieto de ambos y su pareja. El martes de la semana pasada, sin embargo, recibieron una cédula de notificación judicial, según la cual la vivienda se va a expropiar para saldar una deuda de Marcial Dorado con una empresa de Madrid.

Según la versión de esta familia, el histórico contrabandista compró a finales de los años 90 la finca de Outeiro donde estaba la casa que ocupan, y posteriormente las inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad. Dicen que lo hizo de espaldas a ellos, y a una tercera persona sin relación alguna con la familia.

Una década después, una empresa de Madrid reclamó más de un millón de euros a Dorado, y como éste no la pagó, acudió a un juzgado madrileño, que ordenó el embargo de 38 fincas, todas en A Illa, con un valor total de 1,8 millones de euros, correspondientes a la deuda contraída, las costas procesales y otras facturas. Entre esas parcelas está la de los Cores Abal.

El problema para esta familia es que no tienen ni el recibo de 2.500 pesetas que Francisco Cores y Evangelina Abal pagaron a una vecina en 1960 por el terreno donde hicieron la vivienda, ni la escritura de la misma, ni la anotaron en el Registro de la Propiedad. Y la carencia de esta documentación podría llevarles a perder el inmueble. Según el abogado que les asiste, Javier Durán, de Vilagarcía "la solución está muy complicada. Por estadística y por lo que dice la jurisprudencia los jueces acostumbran a ir a favor del que demuestra documentalmente la propiedad de la parcela. Dorado incluso podría alegar que no sabía que la persona a la que compró la finca no fuese la propietaria, o que hubiese una casa habitada".

Sin embargo, también tienen sus bazas. El caso lo instruye el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid -de donde es la empresa que reclama la deuda a Dorado-, y los Cores Abal tienen de plazo hasta las 15 horas de hoy para presentar una demanda de tercería de dominio, un recurso con el que quieren dejar constancia de que ni la parcela ni la casa son del tabaquero, por lo que no se podría embargar para saldar una deuda suya con otra empresa.

Así, junto al recurso presentarán los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que han pagado en los últimos años, los contratos de alta de los servicios -como el de electricidad-, la factura del arquitecto que hizo los planos de la vivienda, en 1960, y un certificado del Ayuntamiento, que el alcalde, Manuel Vázquez entregó ayer por la mañana al abogado, que indica que los Cores Abal son los "sujetos pasivos" de la propiedad y quienes pagan los impuestos por ella. Toda esos papeles están a nombre de la familia. Incluso anexarán a su demanda una notificación de embargo que el Ayuntamiento de Vilanova les envió en los años 70 -entonces A Illa aún no era concello independiente-, porque Francisco Cores Nieto y Evangelina Abal llevaban dos años sin pagar la contribución. "Eso al final se pagó, y el embargo quedó en nada", explica una de las hijas del matrimonio que construyó el inmueble, Lidia Cores, y que es madre del actual inquilino.

Además, Lidia Cores sostiene que "tenemos a todo el pueblo de nuestro lado", y que los vecinos "nos han dicho que están dispuestos a declarar donde haga falta que llevamos viviendo ahí más de 50 años". Otro argumento al que se agarra el abogado es que habría que aplicar el usucapion -regulado por el artículo 1959 del Código Civil-, según el cual el uso ininterrumpido de un bien durante más de 30 años sin que medie reclamación de nadie ni mala fe otorga la propiedad sobre ese bien. "Ese plazo se cumple, puesto que la casa se construyó en 1960, y Marcial Dorado la compró sobre 1997", argumenta Javier Durán.

La hija de Dorado, sin embargo, opina que la familia Cores Abal no lo tendrá tan negro. "Si es cierto que tienen los recibos del IBI no van a tener ningún problema judicial. Es imposible que esa finca esté al nombre de nuestra empresa si los recibos del IBI les van a ellos". Por ello cree que "debe existir un error" y se ofrece a ayudar. "En A Illa siempre hubo un problema grave con el Catastro".