Gonzalo Durán se personó en la mañana de ayer en el juzgado número 3 de Vilagarcía para exponer su versión respecto al supuesto delito de prevaricación por la contratación de modo irregular de 61 personas en el Concello de Vilanova entre los años 2009 y 2012 del que le acusa la Fiscalía de Pontevedra tras asumir la denuncia presentada por el PSOE.
Acompañado del concejal Benito Portas y de su abogado, Durán expuso su versión de los hechos alegando en todo momento, a preguntas de la jueza, su absoluto convencimiento de que las contrataciones eran en todo momento realizadas bajo el amparo de la legalidad y siguiendo en todo momento las recomendaciones del secretario y la interventora del concello, así como de los técnicos municipales. También apuntilló que algunas de las contrataciones denunciadas correspondían a prórrogas de contratos asignados a partidas del Plan de Cooperación.
Según la denuncia presentada por los socialistas y ahora asumida por la Fiscalía, el alcalde de Vilanova de Arousa ignoró los reparos expuestos tanto por el secretario municipal como por el interventor del Ayuntamiento en los que advertían por escrito del incumplimiento de las normas de contratación en 61 expedientes al tiempo que urgían la suspensión de los procesos.
La presencia de Marta Giráldez, en calidad de abogada del PSOE que se presenta como acusación particular, no fue referida por Gonzalo Durán quien se negó a responder a las cuestiones que se le formularon por los denunciantes.
Todo este proceso arrancó el pasado mes de julio, cuando el PSOE, a través del exdiputado autonómico Modesto Pose, denunciaba públicamente la existencia de esos 61 contratos presuntamente irregulares en el Concello de Vilanova. La denuncia iba acompañada por un importante número de documentos en los que se indicaba que el regidor vilanovés, entre los ejercicios 2009 y 2012 habría autorizado la contratación de 61 personas vinculadas al Partido Popular, según el PSOE, eludiendo los reparos y recomendaciones de suspensión interpuestas por Secretaría e Intervención y justificando esa decisión en "necesidades del servicio".
La documentación fue puesta en manos del Ministerio Público, que el pasado mes de octubre tomaba declaración al regidor vilanovés, que tras analizar ambos extremos ha decidido seguir adelante con el proceso judicial y presentar una querella contra Durán.
Tras las instrucciones de la jueza de Vilagarcía tendrá que dictaminar si existen indicios de delito para proceder al posible juicio en la Fiscalía de Pontevedra, cuyo resultado podría ser la inhabilitación de Durán para cualquier cargo público.
