El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ordena al Concello de O Grove pagar una cantidad que está todavía por estimar con exactitud, pero que puede rondar los 33.000 euros. Es el dinero que se adeuda a la empresa Urbaser en base a diferentes facturas que habían quedado pendientes y que corresponden a los años 2003, 2005 y 2006.

Lo que hace la Justicia es reconocer cuatro facturas -de esos ejercicios- cuyo capital principal asciende a 5.278 euros. Pero a mayores el Concello debe abonar los intereses de demora acumulados por los retrasos en el pago de los recibos, y desde el año 2003 dicho concepto puede ascender a unos 27.500 euros. En cualquier caso es, cabe insistir, una cantidad aún pendiente de evaluar, pues va a depender de la fecha de pago de la cantidad principal.

Sea como fuere, el Concello de O Grove -que parece haber iniciado ya las gestiones pertinentes con la empresa Urbaser para tratar de rebajar la cantidad reclamada- debe hacer frente a un desembolso inesperado, y todo porque el jueves pasado el Juzgado de lo Contencioso dictó sentencia en relación con la demanda presentada por la citada empresa en noviembre de 2012.

La buena noticia, si es que cabe esta expresión, es que el Concello se ahorra algún dinero más, ya que se le reclamaban más facturas, pero alegó que habían sido abonadas y presentó documentos que así lo acreditan. En base a ello el Juzgado le dio la razón, pero en lo referente a las otras cuatro facturas, las que ahora hay que pagar, la Administración local basó sus argumentos y su defensa en la prescripción de las mismas. En este caso la magistrada no lo entendió del mismo modo, de ahí que la petición de anulación de los recibos no prosperara.

Para hacerse una idea de lo mucho que estaba en juego con este proceso, hay que indicar que todo comenzó en octubre de 2011, cuando Urbaser presentó una reclamación al Concello para exigir el cobro de una deuda total de 157.308 euros, en concepto de principal e intereses generados por impago o por pago extemporáneo de facturas.

Sin embargo, con posterioridad, en la demanda, se redujo la reclamación a 41.708 euros, más los intereses de demora. A posteriori el Concello alegó y demostró que algunas de las facturas reclamadas ya habían sido pagadas -como se indicó anteriormente-, de ahí que finalmente la cantidad a abonar ronde "solo" los 33.000 euros, que desde luego queda muy lejos de aquellos 157.000 euros reclamados inicialmente.