El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, pasará el jueves por el juzgado para prestar declaración por el caso de las 61 contrataciones supuestamente irregulares que se habrían registrado en ese Concello entre 2009 y 2012. La declaración del regidor viene propiciada por una denuncia presentada por el Partido Socialista ante la Fiscalía el pasado año en la que se aportaba una serie de documentación, en concreto de 61 contrataciones, en las que se habrían levantado los reparos, alguno de ellos suspensivo, realizados por Intervención y Secretaría a las mismas. Por las dependencias del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Vilagarcía ya han pasado a declarar los funcionarios responsables de Secretaría e Intervención en el Concello de Vilanova. No serán los últimos, ya que está previsto que después del alcalde se cite a más testigos para tomarles declaración.
Aunque el regidor nunca ha querido hacer declaraciones públicas sobre el caso, limitándose a confiar en la justicia, en el Partido Popular de Vilanova han cerrado filas en torno a su figura desde el primer momento, asegurando que Durán siempre actuó dentro de la legalidad más estricta y que con la denuncia el PSOE trata de "judicializar la vida política municipal para intentar lograr aquello que le niegan, de forma sistemática, las urnas". Es más, insisten en que todos los casos analizados son prórrogas de contratos por una situación puntual que había que resolver, pero que esas contrataciones habían superado un proceso selectivo previo.
La impresión socialista es radicalmente diferente a la esgrimida desde el PP, pues consideran que se podría haber incurrido en un "presunto delito de prevaricación", tal y como apuntó en su día el exdiputado de la formación Modesto Pose tras anunciar que se iba a remitir toda la documentación a la Fiscalía, al haber beneficiado a "personas próximas a su formación política".
La Fiscalía, tras analizar toda la documentación y tomar declaración a todos los testigos, decidió querellarse penalmente contra el alcalde de Vilanova, siendo el juzgado de Vilagarcia el encargado de instruir la causa y decidir si continúa la causa como un proceso penal o si decide que no existen pruebas suficientes como para seguir adelante y que el caso debe ser archivado. El PSOE se ha presentado en el caso como acusación particular.
