La CIG exige la readmisión de los 23 trabajadores del Centro Comarcal

Recuerda que existen siete sentencias que declaran nulos los despidos

13.03.2013 | 07:42
Trabajadores de Exposalnés. // Iñaki Abella
Trabajadores de Exposalnés. // Iñaki Abella

La Confederación Intersindical Galega (CIG) reclama a la empresa pública que readmita a los 23 trabajadores que despidió recientemente, dos de ellos adscritos al Centro Comarcal de O Salnés, instalaciones que ya han sido cedidas al Concello de Cambados.

El sindicato nacionalista se aferra a las siete sentencias que se han dictado en las que se declaran "nulos los despidos, lo que obliga a la readmisión de los trabajadores y a pagar la Seguridad Social de estos meses, además de los salarios de tramitación".

Los despidos de los dos trabajadores del Centro Comarcal de O Salnés se ejecutaron a través de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuando lo lógico era que se acometiese un Expediente de Regulación de Emprego (ERE). "Si se optó por cambiar el RPT fue porque el ERE no iban a ser capaces de sacarlo adelante, ya que non tendrían como justificarlo", explican desde la CIG.

Las siete sentencias que han dado la razón a los trabajadores podrían no ser las últimas, porque ya se han fijado las fechas de otros juicios en los que confían que se vuelva a reconocer que "Agader lo que hizo fue despidos de forma subjetiva e intencionada".

Lo curioso de la situación, explican desde el sindicato nacionalista, es que los trabajadores "podrían estar realizando un trabajo efectivo para la Administración pública, sobre todo si se tiene en cuenta que la falta de personal está provocando atrasos en las tramitaciones de los expedientes".

Un ejemplo de ello es el Banco de Terras, donde hay gente que solicitó fincas hace más de un año y todavía no tiene resueltos sus expedientes.

Uno de los últimos movimientos realizado por el sindicato ha sido solicitar un encuentro con el director xeral de Agader para tratar de encontrar una solución a la situación. Esta solicitud se suma a la que se realizó hace cuatro meses a la titular de Medio Rural, Rosa Quintana, y que ni siquiera recibió contestación. "La actitud de la dirección de este organismo está siendo irresponsable ya que pese a tener en la mano las sentencias de nulidad sigue sin proceder a dar trabajo efectivo a estas personas", explican. Mantenerse en esa actitud no le está saliendo gratis a la Xunta, ya que desde el sindicato calculan que Agader va a tener que abonar cerca de 100.000 euros en salarios, "por una decisión arbitraria con la única intención de deshacerse de los trabajadores". La cifra, según los cálculos del sindicato se incrementará a una media mínima de 25.000 euros mensuales".

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